Y luego están los salteadores de caminos. Bandoleros que dan el alto a empresas o particulares y les sacan los cuartos a cambio de dejarles seguir tranquilos.
Todo es corrupción. Abuso de poder. Unos tienen el poder administrativo, y lo venden, y otros tienen el poder de hundir tu imagen con campañas de descrédito o denunciándote en un juzgado.
Estas dos entidades a cuyos capos envió ayer el juez a prisión —Manos Guarras y Ausbank— forman parte, a decir del juez Pedraz, de esta última categoría. Los del trabuco. Integraban, presuntamente, una organización criminal dedicada a la extorsión que utilizaba la coartada de defender a los usuarios de los bancos para exprimir a las entidades y sacarles pasta, pero no para los usuarios que reclamaban, sino para los propios capos. La alianza Manos Limpias-Ausbank, Miguel Bernard en el papel de “Tragabuches" y Luis Pineda como “Luis Candelas”, era una máquina imbatible de hacer dinero. Iban de justicieros sin ánimo de lucro y, en realidad, se lo llevaban crudo: su única intención era sacarle el dinero a las víctimas escogidas mientras alimentaban su imagen de garantes de la higiene pública. “Si pagas, te libras, si no pagas, te hundimos”. Pineda, según la policía, enviaba por delante a Manos Limpias a presentar denuncias y luego aparecía él como el fixer, el hombre que podía conseguir que Manos Limpias se retirara previo compromiso del denunciado de hacer cuantiosos desembolsos económicos camuflados como publicidad en las revistas del propio Pineda o pagos por servicios inexistentes.
El lunes se difundió una grabación en la que Pineda negocia con una de las entidades a las que pide dinero la cantidad para olvidarse de las denuncias.
La Agencia Tributaria es un colador de informaciones confidenciales que acaban en los periódicos. Se quejó, cuando salió lo suyo, Monedero y Montoro dijo que a él lo registraran.
Se quejó Esperanza Aguirre cuando se difundió su declaración de la renta en plena campaña electoral y señaló expresamente a Montoro: “le exijo que investigue y revele quién ha filtrado mis datos fiscales”, pero no pasó nada.
Ahora es José María Aznar quien, además de quejarse, acude a la fiscalía a solicitar que actúe. Contra la Agencia Tributaria por aireado sus datos tributarios y presentados de tal manera que se diera a entender que defraudó o incumplió sus obligaciones fiscales.
Es verdad que el gobierno se lamenta de que se filtre el contenido de los sumarios secretos —-lo hizo repetidamente Rajoy cuando la operacion Taula en Valencia— pero que no consta actuación alguna del gobierno para destapar a los filtradores y aplicarles la ley, que castiga al funcionario que incumpla su obligación de velar por la confidencialidad de esos datos. Con las filtraciones de las declaraciones fiscales pasa lo mismo, con la diferencia de que al gobierno nunca se le ha oído quejarse de que esa información, orientada, se acabe sabiendo.
Aznar contra Montoro. Hace años que el ministro de Hacienda, emancipado de quien fue, en su día, su mentor, se despacha en conversaciones privadas contra el expresidente y las lecciones que pretende dar a quienes hoy gobiernan. Tan verdad como que el ministro Montoro, que presume de no revelar jamás información que afecte a un contribuyente, no ha sido capaz de explicar nunca a la opinión pública cómo en una institución tan sensible como la que él dirige se producen tantas fugas de datos y con tanta frecuencia e intención política. Afecten a Aznar o afecten a Monedero.
