No es sólo YPF la que ha subido sus precios -esto no es consecuencia de la expropiación-, pero como esta petrolera es la nacional y como el día que Cristina tomó posesión de ella prometió un nuevo tiempo de luz y de color en el que brillaría la soberanía energética nacional y disfrutarían los argentinos de una vida color rosada, que el combustible esté cada vez más caro les tiene, hay que entenderlo, bastante enfadados. La inflación en Argentina ronda el 25 %, y aunque la semana pasada jubilaron al alto cargo que se pasó cinco años falsificando los indicadores económicos a gusto del gobierno (oficialmente la inflación sólo está en el 10,5), la palabra en cuestión, inflación, sigue estando prohibida para ministros y cargos oficialistas.
El gobierno nunca dice “inflación”, se dice “expectativa alcista”, ríete tú de los eufemismos que aquí se gasta Montoro. Debido a la “expectativa alcista”, y después del aviso que recibió el gobierno de Cristina en las últimas urnas, la presidenta tiene prometido que algo va a hacer. Sin llegar a la solución mágica de Nicolás Maduro en Venezuela -obligar a que se venda más barato por decreto y bajo amenaza de juicio sumarísimo por usura- pretende poner tope a los precios de los productos básicos, subir impuestos de los productos de lujo y “retocar” (otro eufemismo) las tarifas de los servicios públicos, aún no se sabe cómo.
Cuando el gobierno de Cristina anunció anoche, comunicado mediante, el principio de acuerdo alcanzado con los gobiernos de España y México para solucionar el contencioso de YPF (traducido: cuánto se le abona a Repsol, y cómo, por las acciones que le fueron expropiadas) estaba anunciando una nueva rectificación en el discurso y las promesas que tenía hechas a los argentinos. Bien es verdad que también Repsol, y también el gobierno de España, van a tener que aceptar un precio que hace año y medio habría parecido de saldo. Pero así son las negociaciones: uno parte de un centavo de dólar, el otro de 10.000 millones y se alcanza el acuerdo en cinco mil.
Hoy los periodistas argentinos temblaron. Cuando a primera de la mañana anunció el nuevo jefe de gabinete de Cristina, que se llama Jorge Capitanich (capitánich, como su apellido indica, es el segundo al mando) que unas horas después comparecería el ministro de Economía, Kicillof a hacer un exhaustivo análisis de la situación de YPF. “Exhaustivo” tratándose de Kicillof es como “libro de memorias” tratándose de Solbes, que cuente mucho o cuente poco se te va a hacer largo. Kicillof, recién ascendido al cargo de ministro, fue el cerebro gris de la operación “expropiemos YPF” en abril del año pasado: él era el autor intelectual de la cosa y a él colocó la presidenta al frente de la compañía expropiada. O confiscada, porque si algo dejó claro Cristina en aquella comparecencia a lo Agustina de Aragón en la que declaró ganada la guerra de la independencia y fingió emocionarse con el recuerdo al difunto Néstor fue que no iba a pagarle a Repsol por el 51 % de las acciones que acaba de arrebatarle.
Ni justiprecio ni gaitas, fue entonces la idea fuerza. Ni un centavo. El gobierno argentino alimentó de ardor patriótico sus comparecencias ante la prensa y anunció que llovería el dinero en inversiones para mejorar las infraestructuras y explotar el yacimiento de vaca muerta. Un año y medio después, Kicillof ha sido exhaustivo pero se ha cuidado de explicar bien poco. Si el gobierno traga con pagar un precio por lo que agarró es porque anda a la búsqueda de inversores que pongan el dinero que falta para poder explotar eficazmente el yacimiento. Y después de haber presumido de que tú nacionalizas lo que te parece estratégico y no tienes por qué indemnizar al expropiado (lo que te convierte no en expropiador sino en confiscador), vete a decirle a esos inversores que te metan dinero en Vaca Muerta teniendo abierto en canal el melón pendiente de Repsol.
El que invierte te reclama seguridad, es decir, tener claro el negocio, sin muertos en el armario que se te puedan aparecer en plena noche para dejar tu operación empresarial como la vaca, o sea, muerta. Cristina ha tenido que olvidar todo aquel discurso tan encendido que hizo (incluso se ha olvidado, esta vez, de sacar a pasear a Néstor). Repsol ha tenido, a su vez, que rebajar la reclamación económica que, en su momento, hizo. Son cinco mil millones y en bonos del Estado argentino (que esto es lo que ha estado examinando hoy la compañía, el valor de la palabra de un gobierno cuyo prestigio como pagador es sólo un poco superior al de Díaz Ferrán).
Mañana bendecirán el acuerdo los accionistas -más valen cinco mil en mano que diez mil soñando-. Y el gobierno español también se aviene a olvidar, como Cristina, su verbo endurecido de aquel mes de abril (cuando sugirió poco menos que habría un antes y un después de la expropiación -nunca lo hubo-) y aceptando, pelillos a la mar, que hasta aquí llegó el conflicto. Más que nada porque en el puzzle está metido México, con esta empresa pública que se llama Pemex, que es accionista de Repsol y que quiere llevarse bien con el gobierno argentino porque le interesa participar en la explotación de Vaca Muerta.
Ah, y que es el único cliente a la vista para los astilleros de Ferrol, por ejemplo. En los grandes negocios de nuestro tiempo todo está conectado, ¿ven?, y todo acaba conectando, también, con la política. Pemex, que es el gobierno mexicano, accionista de Repsol, viene demandando dos cosas: una que ya ha conseguido y otra que aún se le resiste. La que ya ha conseguido es que Repsol pactara con Argentina y solventara la expropiación de YPF. La que no ha conseguido es descabalgar al señor Brufau de la presidencia de Repsol. No es un secreto que Lozoya, el mexicano, le tiene ganas. Lo de Argentina era una forma de hacer palanca; le queda otra: astilleros.
Estas últimas semanas Pemex ha estado amagando con anular aquel compromiso que tan relevante fue hace ahora un año, en vísperas de las elecciones gallegas, y que suponía contratar con Navantia y con Barreras (los astilleros gallegos) la construcción de dos buques, treinta meses de ocupación para tres mil trabajadores del naval. El salvavidas para Ferrol y Vigo. Luego los mexicanos empezaron a dar largas con la firma definitiva y la fecha de comienzo del trabajo. Y, de hecho, lo último que dijeron es que en diciembre retomarían el asunto. Ahora surgen estas dos noticias que hemos conocido en menos de 24 horas: el acuerdo para solventar YPF –tal como deseaba Pemex- y la adquisición de uno de los astilleros gallegos, Barreras, por la compañía mexicana. Lo que iba a ser un contrato para hacerle un barco se convierte en una transacción por la que Barreras pasa a ser propiedad (51 %) del estado mexicano.
Lozoya, el de Pemex, está cada vez más fuerte. Brufau , aún presidente de Repsol, todo lo contrario.
