El monólogo de Alsina: Hace dos años España le entregó a Rajoy un bulldozer parlamentario
Les voy a decir una cosa.
Ahora ya casi nadie se acuerda, pero cuando Rodríguez Zapatero -que es un presidente de gobierno que tuvo España- escogió el domingo 20 de noviembre de 2011 para celebrar las elecciones generales lo hizo en la confianza -o en el ensueño- de que el hecho de coincidir las urnas con el aniversario de la caída de Franco -entiéndase, su defunción- produciría una movilización in extremis del electorado de izquierdas que acudiría en socorro de Pérez Rubalcaba para hacerle la puñeta al dictador extinto y a los alérgicos a la memoria histórica.
Carlos Alsina | @carlos__alsina
Madrid | 20.11.2013 20:14
Téngase en cuenta que, en aquellos días (estertores de la etapa zapaterista) la lucha contra Franco estaba muy activa en nuestra vida política, más incluso que en vida del opresor y sin necesidad de que Pilar Eyre publicara -al cabo de una “investigación histórica” que ríete tú de lo de Kennedy- que el difunto sufría de fimosis.
Aquel cálculo sagaz del presidente saliente, Zapatero, se acabaría demostrando tan estruendosamente erróneo como otros tantos de los que había hecho gobernando. Que las elecciones fueran un 20-N sólo sirvió para que los comentaristas más dados al eslógan vincularan la fecha más querida por los nostálgicos del franquismo con la victoria del partido de la derecha, sin apreciar la ironía histórica que supone que fuera el propio Zapatero, con entera libertad, quien escogiera como fecha para la defunción de su proyecto político la misma en que palmó el generalito.
El 20-N de 2011, hace hoy dos años, España votó, al cabo de tres años de crisis-de gobierno voluble-y de geometría variable, y le entregó a Rajoy un bulldozer parlamentario. El líder del PP había pedido mayoría absoluta para poder aplicar su programa sin tener que negociar con nadie (es decir, sin aguarlo) y mayoría absoluta le entregaron los votantes. Algunas voces (muy pocas) en el nuevo partido de gobierno habían admitido, durante la campaña, que se estaban creando tantas expectativas sobre el efecto, inmediato, que tendría el cambio de presidente, que se estaba corriendo el riesgo de defraudar esas expectativas ruidosamente. Y de sufrir, fruto de esa decepción, un desinflamiento acelerado del número de votantes dispuesto a confiar de nuevo en los populares.
Bien visto, porque eso fue lo que pasó. El desengaño de comprobar que, ventilado Zapatero, la prima de riesgo seguía subiendo, la constatación de que la crisis económica (de España y de la zona euro) tenía unas cuantas causas que no se llamaban ZP, tuvo como elemento acelerador la campanada de fin de año, la subida del IRPF que, en contra de su programa electoral, el gobierno recién llegado anunció (bajo la denominación engañosa de “recargo de solidaridad”) en su segundo consejo de ministros. Subir impuestos cuando tenías predicado (y prometido) que había que bajarlos supone un golpe notable a tu crédito político -por más que lo justifiques luego en lo desinformado que estabas sobre el alcance del déficit público-, pero que en tu segundo consejo de ministros, y habiendo presumido de llamar al pan y al vino vino bautices ya una subida del IRPF como recargo de solidaridad, eso convierte el golpe en letal.
Dos años después, con el gobierno doliéndose aún en las encuestas de aquella devaluación de su propia palabra, ha anunciado el ministro Gallardón -con gran satisfacción, cierta o fingida- el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que, en la práctica, da por enterrada la promesa de modificar el sistema de elección de los vocales de ese consejo. No será, desde luego, un incumplimiento que soliviante a sus votantes como la subida de impuestos, pero tampoco podrá alegar el gobierno, como hizo con el déficit público, que ignoraba la realidad cuando explicitó su promesa.
No podrá decir el presidente que se ha visto obligado a repartirse con Rubalcaba el consejo del Poder Judicial aunque él habría preferido no tener que hacerlo, o que no le ha quedado más remedio que elegir él al presidente del consejo previa negociación, e intercambio de cromos, con el líder de la oposición. Aunque todos los partidos predican contra la politización de la justicia (y del órgano que gobierna a los jueces) en la práctica no parece, ¿verdad?, que a los partidos participantes del pacto les preocupe la excesiva significación política de los propuestos para vocales -de ser así, no aparecerían en la lista miembros de las ejecutivas de algunos partidos-, sino simplemente poder colocar en esa lista sus nombres sin que los otros partidos los bloqueen.
Cuando esta mañana, en la sesión de control, Rubalcaba y Rajoy interpretaban sus papeles de adversarios a cara de perro, era inevitable imaginarlos charlando amigablemente por teléfono y diciendo cosas como: “entonces, ¿me compras Lesmes como presidente o vas a seguir haciéndole el estrecho?” “Venga, que sea Lesmes”.
Fue en esta sesión parlamentaria, y decidido, de aquí a las europeas, a darle la vuelta a las encuestas que hoy anticipan un tortazo, donde Rajoy proclamó el comienzo de la recuperación económica y de la creación de empleo. Por orden del señor presidente se hace saber que empieza lo bueno. No por mucho decirlo va a empezar a notarlo usted, ciudadano corriente que declara en las encuestas que no percibe el cambio por ningún lado, pero los gobiernos creen mucho en el efecto psicológico y en el efecto propaganda. Como dice (ahora) el Solbes pecador, “una cosa es el análisis real que se hace de las cosas y otra lo que se dice a la opinión pública” (para no alarmarla, claro, para no alarmarla).
En el aspecto financiero, dos años después, caben pocas dudas de que hoy el Estado obtiene dinero en los mercados con más facilidad, y pagando menos, que cuando Rajoy llegó al gobierno. Superó el rubicón aquel del rescate inminente (hace un año) y la financiación de las administraciones públicas y de las grandes compañías ha mejorado. El sector bancario abandonó también la zona crítica, bien es verdad que con rescate que aún está por devolver y con el banco malo que se dijo que nunca habría, es decir, corriendo el contribuyente con todos los riesgos. Y el carajal de las cuentas autonómicas -acostumbrados sus gobiernos a pasar olímpicamente de presentar su ejecución presupuestaria- empezó a corregirse ya con el gobierno anterior, que obligó a rendir cuentas, y terminó de embridarlo -aprovechando que no podían financiarse por sí solas- el ministro Montoro.
Siendo todo eso así, la tasa de paro que hoy tenemos sigue siendo superior a la de 2011 (que ya era mostruosa), el crecimiento económico es tan minúsculo que no alcanza a merecer ese nombre, crecimiento, y en la mayoría de los hogares entra menos dinero que entonces. No hay muchos elementos a la vista para afirmar que España sea hoy un país más limpio, con mayor grado de exigencia ética, o en el que los partidos políticos se vayan replegando de todos aquellos ámbitos de la sociedad civil que durante años fueron tomando para someterlos a su capricho. Y no es un país cuyo gobierno huya de camuflajes verbales –eufemismos- y le llame, de verdad, al pan pan, y al vino vino.