Lo que siempre sonó como una bravata, una medida extrema que decía barajar el gobierno valenciano cuando los sindicatos plantaban cara al adelgazamiento acelerado de la empresa y de su plantilla -o hacemos sostenible la empresa, decía, o habrá que cerrarla- se ha convertido de improviso, hace una hora y media, en la noticia de la tarde. Anulado por el Tribunal Superior de Justicia el ERE que se empezó a ejecutar en diciembre, obligada la compañía pública a readmitir a los empleados despedidos, Alberto Fabra opta por terminar con este asunto terminando, liquidando, la televisión autonómica.
En lo que estaban los sindicatos esta tarde, felices por la anulación del ERE, era en analizar la sentencia y prepararse por si la empresa recurría la sentencia. Habían hecho saber que su idea era ofrecer a la dirección negociar un ERE nuevo y distinto, con menos afectados y en mejores condiciones. Pero todo eso ha quedado en nada al anunciar el gobierno autonómico, el consell, que esto se ha acabado. La incredulidad es, todavía a esta hora, muy generalizada entre la plantilla de Canal Nou y entre los diputados y cargos públicos valencianos.
No hay precedentes de una decisión como ésta: otros gobiernos autonómicos a lo más que llegaron fue a externalizar departamentos o amagar con privatizar las televisiones, pero cerrar por completo un canal autonómico de los grandes no se había producido hasta ahora en nuestro país. De hecho, éste aun no se ha producido. Y seguramente va a haber controversia jurídica e iniciativas legales al respecto. Como las hubo contra el Expediente de Regulación de Empleo que la Justicia, al final, ha considerado insostenible no porque una empresa pública no pueda reducir su plantilla si hay razones económicas para hacerlo, sino porque no se trató a todos los empleados por igual, se alteraron los criterios arbitrariamente, y se vulneraron derechos laborales.
¿Se podía haber hecho el ERE de otra manera, se podía haber hecho bien? La sentencia sugiere que sí, pero ahora lo que tocaría es cumplirla, es decir, readmitir a los despedidos. Y eso es lo que dice el gobierno valenciano que no está en condiciones económicas de hacer. No pone aún fechas al corte de la emisión, pero sí insiste en que otros servicios públicos, como la sanidad y la educación, son más básicos que el de la radio y la televisión.
Las televisiones autonómicas, nacidas casi a la vez que las televisiones privadas en España, tuvieron su época dorada en los noventa, cuando los informativos aportaron aire fresco en un mapa bien poco plural y el fútbol tiró de las audiencias los fines de semana. Veinticuatro años después, aguantan con audiencias estimables unas pocas de ellas. Se pusieron en pie con el modelo televisivo de los ochenta, plantillas de indefinidos (empleados públicos) que, para los estándares de la época eran corrientes pero que, veinte años después, resultan demasiado nutridas para el producto que, al final, se puede hacer -con los ingresos que hoy tienen estos canales-, y para conseguir rentabilizar la empresa.
En los años de vacas gordas nadie se alarmaba en exceso si una televisión pública perdía dinero porque estaba bastante generalizada la idea de que un servicio público no tenía por qué resultar rentable. No es una televisión comercial, se decía. Al margen de que muchas de las televisiones autonómicas, por no decir todas, han prestado, en sus espacios informativos, no tanto un servicio público como un servicio gubernamental o de propaganda -no se conoce el caso de una televisión autonómica que sea tremendamente crítica con su gobierno, ¿verdad?- la llegada de la recesión es lo que, de verdad, puso en cuestión el tamaño de estas televisiones. Empezó una triple crisis para estos canales: la de publicidad, la de las finanzas públicas y la de audiencia.
El juicio por el ERE de Canal Nou ha puesto en evidencia no sólo las causas de nulidad, sino la pésima gestión empresarial que se ha hecho en esta compañía pública durante años, gestión de la que es responsable la administración autonómica, gestión del dinero público que aportaban -porque la publicidad no alcanzaba a sostener la compañía- los contribuyentes valencianos. Ha sido la propia empresa, en la defensa de sus motivos para hacer el ERE, la que ha ofrecido en el juicio los números que revelan que nunca se llevó la compañía con criterios empresariales, sino políticos.
En los años de bonanza se disparaba con pólvora del rey y cuando empezó la caída se siguió disparando. Canal Nou empezó con 700 trabajadores y el 20 % de la audiencia. Veinte años después la plantilla se había multiplicado por dos y medio con la audiencia a la baja y los ingresos publicitarios reduciéndose. La responsabilidad de que la empresa fuera un modelo de ineficiencia no es de los trabajadores que se quedaron en diciembre sin trabajo o que ahora se quedan sin empresa, lógicamente. El gran reparo de un gobernante a cerrar una empresa pública que hace radio o televisión es doble: primero, el efecto sobre la plantilla y las movilizaciones de protesta que de inmediato se producen; segundo, que para muchos es el primero, quedarse sin un aparato de persuasión que controlan sin mayor disimulo y donde ponen y quitan a quien consideran oportuno.
Desde el punto de vista estrictamente político, no empresarial, no laboral, esto es lo más insólito en nuestra vida pública: que un gobierno prescinda de un canal de difusión que ha utilizado como si fuera suyo. No es esta vertiente, se entiende, la que más preocupa esta tarde a los trabajadores de Canal Nou, que empezaron el día celebrando que se anulaba el ERE y lo terminan sabiendo que es Canal Nou la que desaparece.
Noticia de este día en el que un ministro, llamado Wert, se habrá sentido tratado hoy como un becario. Al que cambian las reglas de juego sin previo aviso. Al que dejan tirado a mitad de curso. Hoy ha sido el ministro el que se ha sentido erasmus. Hoy ha terminado de comprobar que formar parte de un gobierno no significa que los demás ministros, o el presidente o la vicepresidenta, vayan a respaldar todas las iniciativas que tomes. Ni siquiera las iniciativas que han sido publicadas ya por el BOE.
