La decisión más relevante que se ha producido en Europa en la última semana ha sido la entrega de carros de combate alemanes a las fuerzas armadas ucranianas. El presidente del gobierno de España, que nada ha dicho todavía en público sobre este salto tan relevante, compareció ayer en el Senado que representa a la sociedad española. Podría haber aprovechado la oportunidad para hacer lo que hasta ahora no ha hecho: informar de la posición de su gobierno, como hizo la semana pasada, en su Parlamento, el primer ministro de Alemania. Pero el presidente estaba ocupado en recordarle a Feijoo cuánto duró la huelga en la televisión autonómica gallega hace cinco años.
El debate público de esta semana en España está siendo el remiendo a la ley del sólo sí es sí, de la que el presidente se ha declarado repetidamente orgulloso. El ministerio de Justicia ha propuesto regresar a la escala de penas que había antes de esta norma porque cambiarla ha generado más de trescientos casos de rebajas de penas a violadores, alguno de los cuales ya ha sido excarcelado. Podemos ha replicado que el PSOE quiere obligar a las mujeres a que demuestren que se han resistido. El presidente pudo haber aprovechado la ocasión, en el Senado, para informar a la sociedad allí representada sobre el contenido de la reforma que, al cabo de tres meses y medio, ahora ve imprescindible y urgente. Pero estaba el presidente ocupado en preguntarle a Feijoo si tenía experiencia como cartero cuando fue nombrado por Aznar presidente de la empresa pública Correos hace veintitrés años.
Cumbre de los gobiernos de Marruecos y España
Hoy comienza en Rabat una cumbre de los gobiernos de Marruecos y España. Consecuencia del cambio histórico en la posición del gobierno español sobre el Sáhara Occidental, con el Parlamento en contra, por cierto, y dos semanas después de que los eurodiputados del PSOE votaran en contra de una resolución crítica con la persecución de periodistas en Marruecos. El presidente pudo haber aprovechado la ocasión, en el Senado, para informar a la sociedad española sobre su relación con el rey Mohamed y la crisis profunda en que se encuentran nuestras relaciones con Argelia, pero estaba el presidente ocupado en preguntarle a Feijoo por qué se fue a Cádiz a firmar el documento de sesenta promesas que podía haber firmado en Madrid y por qué no fue a la manifestación de la semana pasada en la Cibeles.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó ayer que un juez belga no puede negarse a entregar un presunto delincuente reclamado por el Tribunal Supremo de España salvo que presente evidencias de que el Estado español no garantiza un juicio justo al entregado y el respeto de sus derechos esenciales. Puigdemont y su corte proclamaron que esto cierra para siempre la posibilidad de que se les entregue porque el Estado español es represor, no respeta los derechos esenciales y persigue a grupos políticos por sus ideas. El presidente pudo haber aprovechado la oportunidad, ayer en el Senado, para defender la calidad democrática del Estado español y la plena vigencia de todas las garantías judiciales. Pero estaba el presidente ocupado en recordar una cosa que dijo Borja Sèmper sobre Bildu cuando era diputado en Vitoria, hace ¡diez años!.
A Sémper le tiene oído poco el presidente. Muy poco
El Tribunal Constitucional suspendió hace cuarenta días la votación de unas reformas legales en el Senado. El gobierno aseguró entonces que había un complot contra la democracia parlamentaria del que formaba parte Trevijano. El Parlamento amordazado, silenciado, esterilizado. La voluntad de los ciudadanos, secuestrada. Las consecuencias de la suspensión serían gravísimas, un antes y un después. El presidente pudo haber aprovechado la ocasión, ayer, en el Senado, para informar a la sociedad del castigo que se ha impuesto a los autores del golpe blando y de las terribles secuelas que arrastramos por aquella arremetida antidemocrática. Pero estaba ocupado el presidente en hacer oposición a Zaplana, a Rodrigo Rato, a Matas y a Aznar. El gobierno de hace veinte años.
Comparecencia de Sánchez
El presidente se toma sus comparecencias parlamentarias como una mezcla entre un partido de fútbol y el club de la comedia. No va a informar a la sociedad allí representada. Va a confrontar. A dolerse de que el PP le caricaturice a él mientras él no deja de caricaturizar al PP. A fingirse cada vez más ofendido porque le llaman frívolo, mentiroso, débil, sectario, soberbio, ególatra. Descalificar al presidente del gobierno de España no le parece, ahora, aceptable. Ahora.
A rasgarse las vestiduras porque Feijoo le ha dicho que debería abandonar la política y marcharse a casa, qué escándalo.
Fue Sánchez quien le dijo a Rajoy hace cuatro años y siete meses váyase, y, en efecto, le echó. Legítimamente le echó. Con el respaldo de la mayoría del Parlamento.
Subida del SMI
El presidente anunció ayer que el salario mínimo sube un 8%. Hasta los 1080 euros mensuales y acercándolo al 60% del salario medio que prometió para antes del final de esta legislatura. En esto nadie podrá decir que no está cumpliendo su compromiso. Lo ha hecho. Ningún gobierno anterior subió tanto el salario más bajo en menos tiempo. Bien es verdad que al principio de la legislatura nadie pudo prever que la inflación llegaría a alcanzar un 8,5% y que casi todos los salarios, incluido el mínimo, perderían el año pasado, y éste año, poder adquisitivo. El debate sobre los salarios en España y el estancamiento, cuando no retroceso, de nuestra capacidad de compra va abriéndose camino. Está en ello también el presidente, señalando ayer con el dedo que más usa, que es el del yo acuso, a grandes compañías privadas que, por supuesto, no nombra.
Al presidente al que no le tiembla la mano y que resiste cada día las presiones de ricos y poderosos nunca es capaz de dar un nombre, ni una marca, para que todos tengamos claro de quién habla. Si ayer intentó hacerse un remake de su discurso de Davos, tan celebrado por su público, le quedó un poco apagado. Pero queda marcado el camino: el gobierno quiere que al hablar de rentas y salarios bajos la sociedad piense en las grandes compañías privadas. No sé si algunas con cuyos consejeros delegados compartió el presidente un café muy cordial en el propio Davos. Y a los que invita a sus homilías económicas.
También dijo el presidente que el mayor problema de España, hoy, es la desigualdad. Pudo haber citado este título de ElDiario.es, poco sospechoso de ir la contra del gobierno: 'La desigualdad entre ricos y pobres aumentó en España en 2021 más que en los trece años anteriores'. El índice de desigualdad establece que si cero es la igualdad perfecta y cien la desigualdad total, España está en el 33. Se mantiene en el 33 desde 2018. De modo que es verdad, la desigualdad es un grave problema que arrastramos. Y no ha cambiado en los cuatro años y ocho meses que Sánchez lleva ya gobernando.
