¿Se acuerdan cuando al gobernador anterior, el ahora denostrado (y en su día muy admirado) Miguel Ángel Fernández Ordóñez se le ocurrió acudir a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo -porque le habían convocado- y decir allí lo urgente que le parecía reformar las pensiones --porque se lo preguntaron-- y lo conveniente que sería retrasar la edad de jubilación y cambian la forma de hacer el cómputo de lo que uno cobra? Sí que se acuerdan porque la reacción del líder (perpetuo) de la UGT madrileña fue sonada: “váyase a su casa”, voceó. Es sabido que algunos dirigentes de partidos u organizaciones sociales pretenden que, de lo que es su negociado, sólo pueden opinar ellos. ¿Qué hace este tipo que no es sindicalista, ni diputado, ni trabaja en la CEOE, opinando sobre la edad de jubilación, dónde se habrá visto?
Hoy el Banco de España, como hace cada año, ha presentado este tocho que se llama memoria anual, un pdf de tres megas (280 folios). Y también como cada año, ese informe repasa cómo ha ido la economía española en el 2012 y aporta luego algunas recomendaciones por si fueran de interés para el ejecutivo y el legislativo, gobierno y parlamento. Respecto de lo primero, no oculta el Banco de España que los grandes indicadores de España siguen siendo malos, sobre todo en lo que hace a crecimiento (que es mengua) y a paro (que es un escándalo).
Pero lejos de abogar por probar con políticas distintas a las que se vienen haciendo, echa un capote a quienes las aplican (el gobierno) subrayando que, para que los frutos se perciban, hace falta tiempo. “No se debe juzgar la eficacia de las medidas”, dice, “por el débil comportamiento de la economía en una coyuntura dominada por los problemas acumulados en el pasado y las incertidumbres sobre el proyecto europeo”. Un poco de “herencia recibida” y un poco de “Europa no espabila” para reafirmar la fe en la doctrina del ajuste. Perseverancia, receta el supervisor, perseverancia. Después de todo, él también es parte afectada porque él también ha defendido que éstas son las políticas que hacen falta para salir del hoyo.
Cuando, en la página 33, se ocupa de la reforma laboral que Rajoy aprobó el año pasado da una de cal y una de arena: la de cal, que ha permitido mayor flexibilidad dentro de las empresas (es decir, ajustar salarios, turnos y plantilla para no tener que cerrar la compañía); la de arena, que no se ha traducido en un aumento de la contratación; no hay más empleo, lo que sigue habiendo es cada vez más paro. “Es que hace falta más tiempo”, dice de nuevo el Banco de España, “tiempo, perseverancia”. Ahora bien, añade, “no obstante, la situación del mercado laboral es tan grave que habría que probar con alguna medida más”. Y aquí es donde suelta esta idea que hoy ha generado controversia: “Cabría explorar –dice- la posibilidad de establecer nuevas fórmulas que permitieran, en casos especiales, mecanismos excepcionales para evitar que el salario mínimo actúe como una restricción para grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad”.
Mecanismos excepcionales (porque el salario mínimo es una norma vigente que hay que cumplir) para casos especiales. Cuando dice “evitar que el salario mínimo actúe como una restricción” está abogando porque se pueda contratar pagando menos que el salario mínimo, y cuando menciona lo de “casos especiales” está pensando en dos colectivos de trabajadores: los menores de 25 años y los mayores de 45. Se sabe porque ya en diciembre difundió el Banco otro informe de su servicio de estudios que señalaba la relación que existe entre salario mínimo y creación de empleo en tiempos de crisis. Un informe que concluía, entonces, que subir el salario mínimo significaba también aumentar la probabilidad de que estos dos colectivos lo tengan aún más difícil para encontrar trabajo.
Se publicó aquel informe, curiosamente, cuando el gobierno acababa de pactar con los sindicatos la subida del salario mínimo para este año en un 0,6 %, o en dinero contante, ¡cuatro euros! De los 641 euros que era el salario mínimo en 2012 a los 645 que es ahora (lo menos parecido a una fortuna). ¿De verdad subir en cuatro o cinco euros el salario mínimo puede ser contraproducente porque genera paro? ¿No me van a contratar por tener que pagarme cuatro euros más al mes? Al menos sobre el papel, los economistas dicen que así es. Que no es tanto la cuantía de ese salario mínimo como su relación con el salario medio que se cobra en un país.
Según el Banco Mundial, si el salario mínimo es la cuarta parte o más que el salario medio, perjudica la creación de empleo. El salario medio en España es de 1.639 euros (¡la media, la media!); el mínimo, los 645 euros. Naturalmente, lo primero que uno piensa cuando le dicen “salario mínimo” es en lo heroico que resulta salir adelante con unos ingresos tan escasos. Se identifica, además, el mínimo que se puede cobrar por trabajar en un país con el nivel de desarrollo, de progreso, de bienestar que va existiendo en ese país. Uno de los compromisos tradicionales de los partidos en campaña es subir el salario mínimo. Porque se entiende que a lo que debe aspirar un país es a tener un mínimo cada vez más elevado.
En los últimos diez años los gobiernos que ha habido en España han procedido a esas subidas. En 2003 era de 451 euros, en 2008 Zapatero lo puso en 600 y para 2012 tenía prometido elevarlo hasta los 800 euros. Era uno de sus compromisos más publicitados, pero empezaron las curvas de la crisis y Solbes echó el freno. De las primeras cosas que hizo el gobierno anterior cuando la recesión se hizo ya inminente fue congelar aquel plan de ir subiendo el salario mínimo. Hay medidas que aparentemente sólo tienen aspectos positivos -quién va a estar en contra de que se suba el salario mínimo- que luego, en su letra pequeña, presentan efectos secundarios no deseados. En eso basa el Banco de España su controvertida recomendación de hoy. ¿Significa que esto es lo que se va a hacer? En absoluto. Que los gobiernos hagan suyas las recomendaciones del Banco de España es poco frecuente, y desde luego nunca de inmediato.
El gobierno ya ha marcado distancias. No ha encontrado defensores, la idea, en ninguno de los partidos. Y los sindicatos, por supuesto, ya han dicho que esto de los salarios y el paro no le compete al gobernador. El empleo es cosa de ellos, que han demostrado una eficacia en la tarea sólo equiparable a la de las patronales y los gobiernos. Una vez que la recomendación está expresada (y que sabemos cómo la argumentan los técnicos del Banco), se puede compartir o se puede discrepar, se puede asentir o se le puede decir “que no es eso, no es eso”, pero derecho a decir lo que uno quiera lo sigue teniendo en nuestro país todo el mundo, sean sindicalistas, obispos, diputados, o tertulianos, o panaderos o gobernadores del Banco de España.
