EL MONÓLOGO DE ALSINA

El monólogo de Alsina: Hoy no toca

Les voy a decir una cosa.

La frase más memorable de Jordi Pujol padre (el hijo es el que iba a Andorra) podría haber sido “¿qué coño es lo de la UDEF?” de no haberse pasado años y años y años despachando con pretendida habilidad -en realidad, suficiencia- las preguntas de los periodistas que le resultaban incómodas con el célebre “hoy no toca”.

ondacero.es

Madrid | 14.10.2013 20:10

El honorable president entendía que entre sus competencias se incluía la de seleccionar qué temas eran de interés y cuáles no, y sobre todo entendía que no era necesario dar respuesta (ni explicaciones) sobre ningún asunto mientras a él no le apeteciera. El célebre “hoy no toca”, tan celebrado (ellos sabrán) por algunos relevantes periodistas de la época, quedó como paradigma del gobernante que se cree dueño del calendario y de los tiempos propios y ajenos, ese tic que termina aflorando en quien confunde la inexistencia con el silencio, es decir, no hablar de un problema con no tenerlo. Como lo dirigentes políticos coetáneos terminan por fijarse y copiarse los unos a los otros (sólo aquello que les parece útil para reafirmarse en sus propios hábitos), el “hoy no toca” hizo fortuna entre políticos diversos y permanece entre las costumbres, poco inteligentes, que aún sufrimos.

Con la misma firmeza que se escucha a Alfredo Pérez Rubalcaba afirmar que “hoy no toca” hablar de las primarias para elegir candidato -”el calendario está marcado y será cumplido”, dice, como quien invoca las sagradas escrituras para silenciar ovejas descarriadas-, con la misma firmeza se escucha a Mariano Rajoy afirmar que “hoy no toca” discutir los cambios en el sistema para la financiación autonómica -”el calendario está marcado y será cumplido”, dice también él, pasando por alto que es un calendario que decidió él después de modificar el anterior, que también había sido por él decidido-. Aún no toca hablar de primarias y aún no toca hablar de financiación autonómica. Eppur si muove. Y sin embargo, se habla.

Cómo no se va a hablar, si el socialismo patrio ve que va pasando el tiempo, encuesta tras encuesta, sin que el enfermo mejor y los barones del PP ven que va acercándose el próximo examen en las urnas y que aquello que recibieron con alborozo porque pensaron que aliviaría su margen financiero para dar alegrías a los votantes (la entrada de Rajoy en la Moncloa) no ha servido, hasta ahora, para modificar una sola coma del sistema que rige para repartir el dinero que el Estado obtiene en cada territorio. Toque o no toque, se habla. Si Alicia Sánchez Camacho rescató el lunes pasado -portada de El País- su discurso sobre la mejora de la financiación para Cataluña (es decir, que reciba más de lo que ahora recibe atendiendo al hecho de que es de las comunidades que más aporta), Ignacio González refrescó este lunes -portada de El País- su discurso reivindicativo de una mejor financiación para Madrid (es decir, que reciba más de lo que ahora recibe atendiendo al hecho de que es de las comunidades que más aporta).

El presidente madrileño se ha especializado en urgir al gobierno central para que ponga el huevo: lo hizo con el fumeque en Eurovegas cuando Rajoy estaba a otras cosas y lo hace ahora con la financiación autonómica cuando Montoro acaba de decir que ni toca abrir ese melón ni Madrid tendrá mucho problema de dinero cuando baja los impuestos. Meterle prisa a Rajoy publicando una tribuna en El País son ganas de no pasar inadvertido, de reivindicarse como poder autonómico con derecho a criterio propio. Y el artículo en cuestión empezaba justo así, metiendo prisa. “La ley establece que el uno de enero esté aprobado un nuevo sistema de financiación; así se acordó en la pasada conferencia de presidentes autonómicos”.

Rajoy está acostumbrado a que sea la prensa, tan puñetera, quien se pase el día recordándole lo que dijo que haría y nunca hizo, pero que se lo recuerde, por escrito, en un periódico, uno de los suyos (medio suyos, porque el PP madrileño es una familia distinta) no entra entre los usos y costumbres que el presidente aplaude. Basta que a Rajoy alguien le recuerde el compromiso de alumbrar un nuevo sistema antes de enero para que el presidente le responda que el calendario lo decide él.

Y eso es, en resumen, lo que debió de pasar esta mañana en la sede nacional de los populares, donde se dieron cita los barones (no todos) para intercambiar opiniones sobre el debate abierto (aunque no toque) respecto de la financiación: Ignacio González recordó el incumplimiento del compromiso y Rajoy le respondió que todo llegará cuando tenga que llegar, o sea, para el verano de 2014 reforma fiscal mediante. Porque el gobierno tiene anunciada para la primavera la madre de todas las reformas fiscales, radical, estructural (estas cosas que se dicen) y emplea esa reforma pendiente como justificación -otros dirán coartada- para aplazar el melón del reparto autonómico. La razón de fondo del aplazamiento tiene, seguramente, más que ver con el deseo de tener algo más que repartir que con ganas de tocarle las narices a un presidente autonómico, porque sabido es que es más fácil que te toque más cuando hay más a repartir que cuando hay menos.

Cuando Zapatero se sentó a negociar con las autonomías el reparto del dinero sosegó ánimos con una promesa: “todas las comunidades saldrían ganando”. La pregunta inmediata fue ¿cómo? Porque, habiendo el mismo dinero en juego, si una sale ganando será porque otra sale perdiendo. Hay una fórmula que rompe esa regla; una vieja conocida. ¿Cuál? Poner más dinero en juego. En tiempos de bonanza económica, cuando la actividad económica dispara los ingresos de las administraciones públicas, tiras de recaudación y pones más dinero a repartir en la mesa. En tiempos de crisis (como estos que arrastramos desde 2008), poner más dinero en juego es misión imposible, salvo que sea en detrimento de la administración central, que se apañe con menos para que todas las autonomías se apañen con más.

El complejísimo debate sobre el sistema de financiación, que siempre se nos presenta como un sudoku endiablado, se resume, en realidad, en algo bastante simple. Todo gobierno autonómico aspira a gestionar más dinero del que tiene. Quiere recibir más aportando lo mismo (o si es posible, menos). Echa la cuenta de cuánto pone y cuánto recibe y aspira, si es de las que ponen más de lo que reciben, a reducir esa diferencia; si es de las que reciben más de lo que aportan, a aumentarla.

Hubo un tiempo en que sólo el gobierno catalán, el de Montilla con Antoni Castells de consejero, reclamaba la publicación de las balanzas fiscales. La tabla de Excel que refleja cuánto aporta cada comunidad y cuánto recibe. Era la prueba de cargo contra un sistema de financiación que reprobaba por injusto y discriminatorio. Ahora son más los gobiernos que ven con buenos ojos que se publiquen y siguen siendo los mismos, Extremadura y Castilla y León (en el caso del PP) los que opinan que distorsiona el debate. Rajoy ha prometido que publicará las balanzas fiscales antes de que termine el año y le han hecho la ola quienes se apoyan en ellas para reclamar un sistema más justo.

En el debate sobre la financiación autonómica siempre aparecen estas cuatro palabras que van en parejas de dos. Injusto y discriminatorio en el discurso de quienes critican el actual sistema. Justo y equitativo en el de quienes proponen cambios que curará todos los males del modelo presente. Hubo un tiempo incluso en que Esperanza Aguirre, entonces presidente autonómica, hizo bandera de la “equidad”. Llegó a plantarse en el Congreso de los Diputados a defender allí, en nombre de su comunidad autónoma, que la ley de financiación incluyera expresamente esa característica del sistema: equitativo. En realidad, “equitativo” significa dar a cada uno lo que le corresponde. Y se supone que lo que corresponde a cada uno es lo que las fórmulas y criterios incluidos en el sistema determinan.

Decir que el sistema será equitativo es tan inconcreto como decir que será justo. Cuando de la financiación autonómica se trata, la equidad y la justicia, lejos de ser conceptos objetivables, están en el ojo de quien aporta y quien recibe. Y también de quien decide cuánto, es decir, del gobierno que establece en cada momento qué es lo justo y qué lo equitativo.