Por sorpresa para casi todo el mundo -salvo el juez que ha firmado el auto- un banquero, o ex banquero (principal ejecutivo de una caja de ahorros de las gordas) va a dormir esta noche en prisión. Al menos, esta noche, porque mañana podrá abandonar la cárcel si presenta los dos millones y medio de fianza que el juez le ha impuesto. Miguel Blesa, de formación abogado e inspector de Hacienda, de profesión presidente de Caja Madrid (apadrinado por el PP) casi catorce años, tiene patrimonio suficiente como para cumplir con esa exigencia judicial, los dos millones y medio, y quedar de nuevo en libertad. Pero un auto de prisión ya es cosa seria, y prueba que su horizonte judicial, o penal, se complica notablemente.
Hace ya algunas semanas, después de que Blesa y Díaz Ferrán comparecieran ante el juez que investiga si hubo irregularidades en un crédito que Caja Madrid le concedió a Marsans, los abogados de ambos solicitaron que la justicia procediera contra quien había presentado la denuncia que puso en marcha este sumario, es decir, la asociación Manos Limpias. Alegaban que era esta asociación quien estaba abusando del derecho al presentar ante el juez hechos falsos con la única intención de generar “un titular periodístico”. Fuera ése, o no, el objetivo de Manos Limpias, el titular, desde luego, está servido. Pedazo de titular que es, a esta hora de la tarde, no sólo la noticia más sonada del día, sino el asunto que está en boca de políticos, periodistas y ejecutivos de grandes compañías: lo de Blesa, que han mandado a prisión a Blesa, aquel que durante tantos años fue el gran financiero del foro, o sea, de Madrid, el amigo personal de Aznar, el hombre bajo cuyo paraguas se agolparon todos –derecha, izquierda madrileña, grandes empresarios, grupos de comunicación y, por supuesto, los sindicatos-.
El juez que tomó hoy la decisión que casi nadie esperaba no fue Fernando Andreu, el que lleva el caso Bankia, sino un magistrado cuyo nombre, hasta hoy, no estaba entre los jueces más conocidos de España: Elpidio José Silva, que lo que está investigando no es la salida a bolsa de Bankia y lo que vino luego sino al revés, lo que hubo antes de que Bankia fuera Bankia, cuando se llamaba Caja Madrid, estaba tutelada por el poder político y tenía un grifo muy ancho para financiar a empresas, administración y particulares. Este juez recibió una denuncia de Manos Limpias contra Miguel Blesa por haber concedido, según el denunciante, un crédito de 26 millones de euros a Díaz Ferrán que resultó fallido. Lo de los créditos de Diaz Ferrán fue asunto muy comentado en los medios hace tres años, cuando Blesa estaba ya cogiendo la puerta de salida de Caja Madrid y Díaz Ferrán, Marsans, no pagaba lo que debía.
Estuvieron los dos a tortas en los medios porque Ferrán decía que no le habían dejado renegociar el pago y Blesa le acusaba de haber engañado al consejo de la caja, del que, como representante de la patronal madrileña, también formaba parte. El juez empezó a indagar esa denuncia hace unos meses y ha interrogado ya, antes de hoy, a los dos protagonistas, Ferrán y Blesa. Lo último que ha recibido el magistrado sobre aquel crédito es un informe de la consultora KPGM que señala irregularidades en la concesión, es decir, que no se ajustó a todos los requisitos obligados.
Lo que ocurre es que, indagando e indagando, el juez llegó a otro asunto por el que ha pedido información al Banco de España: la compra, por Caja Madrid, de un banco de Florida en 2008 que resultó ser una inversión poco afortunada. Equivocarse en una inversión no es, lógicamente, un delito. Salvo que, en lugar de equivocación, sea sobrevaloración premeditada en perjuicio de los propietarios de Caja Madrid, que eran, en aquel momento, sus impositores. La última vez que Elpidio José Silva interrogó a Blesa (pasado día 24) no le impuso siquiera medidas cautelares. Algo ha cambiado, sin embargo, en estas dos semanas -algo más tiene ahora el juez- porque citó para hoy, de urgencia, al ex presidente de la Caja y accedió después a la medida de prisión que solicitó Manos Limpias.
Dado que la prisión provisional en España es una medida excepcional que el juez debe justificar de manera solvente, y dado que las causas de esa prisión han de ajustarse a lo que la ley expresamente tasa, se interpreta que lo que hoy aprecia el juez (y hasta ahora no apreciaba) es el riesgo de fuga del denunciado. Es decir, que con los últimos informes que el magistrado ha recabado, se haya oscurecido lo bastante el panorama para Blesa como para que éste pudiera plantearse quitarse de en medio.
Desempolvar viejas operaciones de las Cajas es un riesgo para quienes las decidieron y las firmaron. Mientras duraron los días de vino y rosas, nadie se metía mucho en analizar si los créditos eran examinados a conciencia o había barra libre para los colegas (los colegas, los partidos políticos y las obras públicas que lanzaba la administración autonómica de referencia). No es que se midiera mal el riesgo, es que no se molestaban ni en medirlo. Ahora que las rosas y el vino se acabaron y que nos han puesto a todos los contribuyentes de avalistas para recibir cuarenta mil millones de euros de Europa con los que apuntalar antiguas cajas de ahorros (sobre todo una, Caja Madrid) la exhumación de las operaciones, sus posibles irregularidades y la responsabilidad de quienes se sentaron en los consejos no sólo resulta pertinente, sino que goza, en general y entre la opinión pública, de aplauso.
