RAQUEL SÁNCHEZ, EN MÁS DE UNO

La ministra de Transportes sobre la ley de vivienda: "No puede ser intervencionista; es un marco jurídico para las Comunidades y Ayuntamientos"

La ministra de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana, que también tiene las competencias de Vivienda, Raquel Sánchez, habla en Más de uno sobre el acuerdo al que han conseguido llegar el PSOE y Unidas Podemos sobre la nueva ley de vivienda.

ondacero.es

Madrid | 06.10.2021 09:40 (Publicado 06.10.2021 09:12)

Raquel Sánchez, ministra de Trasporte, Movilidad y Agenda Urbana, que también tiene las competencias de Vivienda, explica durante una entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, el acuerdo al que han llegado el PSOE y Unidas Podemos sobre la nueva ley de vivienda que regulará el precio del alquiler, que calcula que afectará a unos 150.000 pisos.

Según confirma Sánchez, desde el PSOE no han cedido a las exigencias de Unidas Podemos, "no es algo que ahora nos parezca bien algo que antes no nos parecía bien, llevamos mucho tiempo trabajando en esta ley", dice. Además, añade que "lo más importante" es que han conseguido llegar a un acuerdo que consideran "útil para solucionar un problema real y evidente" como es la "dificultad para para acceder a una vivienda por parte de los ciudadanos y, en especial, por parte de los jóvenes".

Asimismo, la ministra alega que desde el Gobierno nunca se ha dicho que tuviesen posiciones alejadas, ya que estaban negociando y han trabajado para aprobar esta ley que es "un compromiso necesario". Por ello, desde el Ejecutivo estaban "convencidos" de que serían capaces de llegar a este acuerdo poniendo "un periodo límite". "Lo que creo es que hemos conseguido alcanzar un equilibrio y presentar un anteproyecto de ley que va a ser útil", dice y alega que los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la propiedad y a acceder a una vivienda digna, tal y como está recogido en la Constitución.

¿Hay intervencionismo del Gobierno?

Raquel Sánchez también aprovecha para aclarar que "en ningún caso se produce ese intervencionismo radical" que se está anunciando en los medios de comunicación, aunque apunta que desde el Ejecutivo no pueden "cerrar los ojos a una realidad que pedía a gritos una diferenciación entre las personas jurídicas y las físicas".. Afirma que "no hay intervencionismo" sino "regulación" y manifiesta que con esta ley nos ponemos al nivel de los países europeos de nuestro entorno, por lo que cree que no están haciendo "una barbaridad".

Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios

Por otra parte, la titular de Transportes transmite "un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios", ya que sostiene que con este acuerdo han conseguido alcanzar un equilibrio entre los intereses, ya que hace una diferenciación entre los distintos tipos de propietarios y entre las personas físicas y jurídicas.

¿Qué competencias tendrán las Comunidades?

A pesar de que todavía falta por concretar "la letra pequeña de la ley", pero Sánchez confirma que las Comunidades serán las que podrán definir las "zonas tensionadas", es decir, aquellas en las que se han producido determinados incrementos durante los últimos años y supongan un esfuerzo para el arrendatario acceder a la vivienda de alquiler.

Según explica, "las Comunidades Autónomas pueden activar las zonas tensionadas", por lo que insiste en que esta le y no es intervencionista y no invade las competencias de las Comunidades ni municipios y comenta que "cada comunidad, en función de su situación, decidirá aplicarlo o no y allá ellos con los impactos que se puedan producir".

Por otra parte, la ministra considera que los fondos de inversión no dejarán de invertir en España tras la aprobación de esta nueva regulación del alquiler de la vivienda.

Otras medidas

Por otro lado, Sánchez recuerda que el Gobierno no solo está trabajando en la regulación del precio del alquiler, porque sino que también están creando un parque de más de 100.000 viviendas públicas asequibles.

En cuanto al bono de 250 euros mensuales que han creado para los jóvenes que cobren menos de 23.000 euros anuales, la ministra calcula que afectará a unos 40.000 o 50.000 personas.