entrevista en más de uno

¿Por qué hay colectivos feministas en contra de la ley del 'Solo sí es sí' de Irene Montero?

En Más de uno hablamos con Laura Macaya, experta en políticas públicas sobre violencia de género y una de las firmantes del artículo publicado por varias mujeres feministas en el que plantean algunas críticas a la ley del 'Solo sí es sí' de Irene Montero.

ondacero.es

Madrid | 08.03.2021 09:50 (Publicado 08.03.2021 09:37)

En el Día de la Mujer, Carlos Alsina entrevista en Más de uno a Laura Macaya, experta en políticas públicas sobre violencia de género y directora de una casa de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género, para hablar de la tribuna que ella y más mujeres feministas han publicado en el diario El País en la que critican algunos aspectos de la ley del 'Solo sí es sí' de Irene Montero.

Motivos por los que están en contra del la ley de Libertades sexuales

Macaya explica que los motivos fundamentales por los que disienten de la ley de Libertades sexuales del Ministerio de Igualdad y recuerda que dentro del colectivo feminista hay varios puntos de vista diferentes.

El endurecimiento del Código Penal es conservador

La experta en políticas públicas apunta que recurrir al endurecimiento del Código Penal es más conservador que progresista, "creo que hemos perdido la cultura política para empezar a opinar a veces sobre las leyes desde los movimientos sociales y desde los movimientos de base", dice. Además, alega que "es importante tener en cuenta que el endurecimiento penal y la tendencia a resolver problemáticas sociales siempre a golpe del Código Penal es una política conservadora que solo beneficia a los intereses de las clases dominantes".

Laura Macaya considera que "el Código Penal tiene efectos perversos" por los que muchas veces puede acabar recayendo de forma reiterada sobre las personas más vulnerables.

Consentimiento expreso

La necesidad de que haya un consentimiento expreso para mantener las relaciones sexuales es otro de los puntos que critican desde este colectivo. Macaya recalca que es "evidente" que el "consentimiento es el elemento básico para establecer si hay un ataque sexual", pero apunta que "la cuestión es en qué momento tienen que entrar el Código Penal a actuar".

Asimismo, la entrevistada sostiene que "esa formulación del consentimiento expreso de las mujeres tiene esa parte que está construyendo y reforzando la idea sacralización sexual de las mujeres, según la cual de entrada para las mujeres el sexo es 'no', porque si no hay un sí explícito se debe presumir que no hay deseo sexual". También alega que se está partiendo de la idea de "la imposibilidad de las mujeres para establecer un límite sexual".

Por ello, Macaya declara que la ley de Irene Montero "está partiendo de esa idea de que para las mujeres el sexo siempre es un ámbito de riesgo y que por lo tanto, el Código Penal y la protección estatal debe entrar a establecer esos límites por nosotras". Según comenta, esa idea de la infantilización sexual es "perjudicial para las mujeres y para la feminidad".

Proxenetismo no coactivo

Otro de los puntos que este colectivo destaca en su artículo es el tema de la prostitución voluntaria, matizan que si el consentimiento es tan relevante en las relaciones sexuales, por qué no se considera a las que eligen libremente prostituirse. Laura Macaya aclara que se trata de "una terrible contradicción".

La experta en políticas públicas se pregunta que si "estamos viendo que el consentimiento es necesario para establecer que hay un acto sexual voluntario, por qué se niega el consentimiento de las trabajadoras sexuales".

Sin embargo, la entrevistada asegura que "la explotación laboral no está prohibida en ningún otro ámbito comercial o económico" y confirma que al negar el consentimiento de las mujeres que ejercen la prostitución porque se supone que están en una situación de subordinación, las está convirtiendo en alguien que no sabe lo que quiere, lo que considera que se trata de algo más grave.

Por ello, Mayaca incide en la necesidad de empoderarlas en vez de quitarles "la capacidad de decidir", que es lo que creen que hace esta ley de Irene Montero con las mujeres.