La operación financiera más relevante del año en España, la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, ha entrado en terreno político: el Gobierno ha elevado la cuestión al Consejo de Ministros y será Pedro Sánchez quien tenga la última palabra. Mientras se acumulan las presiones de partidos, sindicatos y territorios, los analistas advierten: esta decisión puede marcar un antes y un después en la relación entre la política y el sistema financiero español.
El intento del BBVA de absorber al Sabadell ha sido trasladado oficialmente por el Ministerio de Economía al Consejo de Ministros, según explicó el ministro Carlos Cuerpo, no por razones de competencia —ya abordadas por la CNMC— sino por “interés general”. Cinco ministerios quieren opinar sobre el impacto de la operación, lo que refuerza la percepción de que no se trata solo de una decisión técnica.
"Tenemos que analizar cómo afecta al empleo, a la inclusión financiera ya la cohesión territorial", dijo el titular de Economía. La preocupación por los despidos —hasta 10.000, según algunas estimaciones— y el cierre de oficinas en zonas rurales son dos de los argumentos más repetidos por quienes piden frenar la operación.
El Consejo de Ministros puede autorizar la OPA tal como está, añadir nuevas condiciones —más allá de las impuestas por Competencia— o directamente vetarla. Esta última opción, aunque poco común, no está descartada.
"El Gobierno puede decir que esta operación no conviene por motivos de política social o económica. Es un poder que se atribuyó durante la pandemia y sigue vigente", recordó el periodista económico Pablo Rodríguez Suanzes en el programa La Brújula de la Economía de Onda Cero.
Desde el BBVA se insiste en que la OPA se beneficiará a España y Cataluña, y que ya se han comprometido a financiar con más de 5000 millones de euros a pymes. Por su parte, Sabadell insiste en su negativa y defiende que mantener la independencia garantiza un mejor servicio y mayor valor para los accionistas.
Pero más allá de la economía, la política parece ser el factor decisivo. Los partidos catalanes, clave para la mayoría parlamentaria del Gobierno, se oponen frontalmente a la operación. Junts, de hecho, ha amenazado con "consecuencias" si la fusión sigue adelante. También lo han hecho ERC y los sindicatos. Incluso dentro del propio Ejecutivo, con Sumar y Yolanda Díaz liderando la oposición interna.
"Estamos hablando de una operación financiera, pero se va a decidir en clave política", resumió la periodista Natalia Hernández. "La presión política puede llevar a vetar directamente la operación o a imponer condiciones tan duras que el BBVA tenga que replantearse si le compensa seguir".
El debate sobre la fusión bancaria no es el único foco de tensión en la economía española. El Banco de España ha alertado de una posible sobrevaloración del mercado inmobiliario, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, donde los precios se han disparado un 8,5%. Las hipotecas han aumentado un 44% y las tensiones geopolíticas —según el nuevo plan estratégico presentado por el organismo— añaden más incertidumbre a la estabilidad financiera.
Por otra parte, la empresa Talgo ha firmado un contrato millonario con Alemania para la venta de 65 trenes, en un momento en que el Gobierno intenta presionar para que la firma vasca se fusione con un grupo industrial nacional. También ha sido noticia el cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza, que afectará a 251 empleados.
Y en una nota curiosa, una sombrerería centenaria sevillana que fabrica sombreros para judíos ortodoxos en EE.UU. podría verse afectado por los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. La única esperanza: que esos sombreros sean considerados "artículos religiosos" y puedan esquivar la tasa.
La decisión sobre la OPA BBVA-Sabadell se espera para junio. Todo apunta a que no será una decisión puramente económica, sino una jugada política que pondrá a prueba la relación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sus socios parlamentarios y los grandes actores financieros del país.
