Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso al presidente Mariano Rajoy que hay que reformular el estado de las autonomías, es decir, hacer un recorte en todo aquello que sea superfluo para mejorar lo que no es prescindible. Aguirre planteó que se tienen que devolver al Estado las grandes competencias como la sanidad, la educación y la justicia y otras, menores, volverían a los ayuntamientos como el transporte y los servicios sociales. Estas grandes competencias suponen el 80% del gasto de las comunidades y se podrían ahorrar 48000 millones de euros.
Esto no ha gustado prácticamente a nadie, incluyendo a su propio partido. Rajoy ha dicho que él está de acuerdo con lo que se aprobó en 1978 y que no hay que cambiarlo.
Pilar Rahola le da, en parte, la razón a la presidenta de la Comunidad ya que muchas de las autonomías se encuentran duplicadas o triplicadas. Por otra parte cree que no sería oportuno hacer un cambio de este calibre, porque se está sobreviviendo sin problemas. Concluye aportando que ‘hay que dignificar la política’.
El General Monzón dice que el debato no sólo se encuentra en la política, sino en las calles donde los ciudadanos se quejan del estado de las administraciones. El General cree que el mejor tipo es el unitario, como el caso francés, ya que hay competencias que son indelegablemente del Estado. Afirma que hay que cambiar la manera de administración que realizan los políticos para que, realmente, hagan un buen servicio del Estado.
Elisa Beni cree que es un debate ‘impuesto’ y que Aguirre ha querido practicar la doctrina del shock. Es decir, ‘es una doctrina neoliberal en la que se aprovecha el estado de los ciudadanos ya que en otros momentos no se les habría ocurrido plantear algo así’.
