El desalojo y derribo se produjo después de haber esperado 17 años, justo después de las elecciones -y eso no es casual desde luego- y que ahora se detenga la demolición tampoco lo es. En Cataluña se extiende la opinión de que las imágenes violentas que se difunden perjudica políticamente al movimiento soberanista y esa es la razón por la que probablemente el ayuntamiento, en manos de Ciu, se ha doblegado a las exigencias de los activistas de Can Víes. Las decisiones políticas deben tomarse de acuerdo a la legalidad, la justicia y las convicciones. Hacerlo por cálculos electorales es otra forma de engañar.