Es complicado pagar la pensión, asumir una hipoteca en solitario o tener que alquilar una vivienda. Los gastos inevitablemente se multiplican con una ruptura, algo que es motivo suficiente para que el 36% de las parejas que acuden a un abogado de familia acaben dando marcha atrás en su decisión.
Según el V Observatorio del Derecho de Familia, entre las parejas que deciden frenar un divorcio o una separación, uno de los perfiles al alza son las familias que tienen una renta media baja, que deciden no llevar a cabo la ruptura legal porque literalmente les dejaría sumidos en una situación de pobreza.
María José Sánchez, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia, asegura que ven el divorcio como una pérdida económica irreversible. Y añade que "para muchas familias, la ruptura supone repartirse la miseria y no poder cubrir las necesidades básicas propias y de sus hijos".
Lo cierto es que los motivos económicos pesan más para no divorciarse o separarse que la estabilidad de los hijos, motivo por el que no rompen 2 de cada 10 parejas que visitan a un abogado de familia. El 16% de las parejas decide no romper por conformismo y el 13% para no perder su estatus social, mientras que un 7% de las mujeres desiste por miedo a las represalias de su pareja o por ser víctima de violencia de género.
