El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona constata en un artículo la dificultad de conciliar la voluntad democrática que ha expresado el Parlament y las exigencias del principio de legalidad y en concreto de la legalidad constitucional.
Considera que haber fundamentado el proceso para la independencia en el principio democrático, y haber relativizado al mismo tiempo el principio de legalidad, ha sido una de las razones básicas del conflicto constitucional y es "uno de sus problemas principales, porque objetivamente supone relegar a un segundo plano los fundamentos del estado de derecho y la necesidad de vehicular los proyectos políticos respetando las reglas constitucionales".
La Resolución 1/XI del 9 de noviembre de 2015 "plantea en su origen un importante problema político y jurídico para la contraposición que representa entre el principio democrático y el principio de legalidad" ya que prioriza el primero por encima del segundo, considerando que el resultado de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 permite a las instituciones catalanas iniciar un proceso hacia la independencia sin estar necesariamente condicionadas por la legalidad constitucional y estatutaria.
En el análisis, el letrado mayor considera un "error" afirmar que el Estado es autoritario, y afirma que las últimas resoluciones del Parlament que apuestan por la vía unilateral no ayudan a dar credibilidad a una voluntad negociadora.
"La forma como aparece la cuestión del referéndum en este tramo final del proceso parece indicar, por tanto, que se trata más de un movimiento táctico que tiene como último objetivo político reforzar la legitimidad de la vía unilateral inicialmente prevista en la Resolución 1/XI demostrando que se ha insistido en la voluntad de hacer la consulta, pero que, si ésta no se hace, no habrá sido por causa imputable a las instituciones catalanas".
Resultados 27-S
Para Bayona, el resultado de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 dieron a los independentistas una mayoría parlamentaria "que no tiene una correspondencia con la mayoría de votos obtenidos". "Si desde el punto político las elecciones debían constituir un plebiscito para comprobar la existencia de una mayoría social a favor de la independencia de Catalunya, este objetivo político no se logró, ni parece correcto desnaturalizarlo con el criterio de los escaños obtenidos", afirma.