Así lo advierte la Policía Nacional en un informe, al que ha tenido acceso Efe, en el que repasa las actuaciones de la Guardia Civil, los Mossos y la propia Policía Nacional en relación con el "caso Macedonia", una compleja trama de supuesta corrupción policial, y en el que ha detectado irregularidades en todas ellas.
Por esta causa, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, mantiene imputados al subinspector de los Mossos Antoni S. y a cinco de sus subordinados en una unidad especial anticorrupción, acusados de proteger a supuestos narcos y a agentes de la policía catalana investigados por tráfico de drogas.
En el informe, la Policía Nacional concluye que la unidad adscrita de los Mossos dirigida por Antoni S. no desarrolló las "vías de investigación conducentes" a corroborar que el confidente Manuel G.C. era un supuesto narco, "aunque el mismo apareciera reiteradamente implicado en hechos que estaban siendo investigados".
Además, la Policía Nacional también determina que esta unidad especializada de los Mossos d'Esquadra "no informó a la autoridad judicial de que varios miembros de dicha unidad y otros del mismo cuerpo mantuvieron frecuentes contactos con Manuel G.C. durante el desarrollo de la investigación".
En el informe se precisa que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y la Fiscalía de Barcelona constataron la condición de confidente de Manuel G.C., pero que en cambio "no se ha hallado comunicación oficial en tal sentido por parte de la Unidad Adscrita" de los Mossos d'Esquadra.
También pone de relieve que en el marco de las pesquisas se han detectado "numerosas omisiones de información" al juez sobre los sujetos investigados, entre ellos sobre un tal "Tarek", una figura clave en la trama que está desaparecida pese a que llegó a ser detenido por la Guardia Urbana.
Según el informe, la División de Asuntos Internos de los Mossos (DAI) -que investigó a varios mossos por este caso- detectó "en menos de dos meses" que había "elementos suficientes" para considerar que el entorno de Manuel G.C. "constituye un grupo delincuencial dedicado, entre otras actividades delictivas, al tráfico de sustancias estupefacientes y que, con este grupo, colaboran, de diversas maneras, varios miembros de los Mossos".
Precisamente, el subinspector de los Mossos d'Esquadra José R., que trabajaba en la comisaría de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) hasta que en 2010 fue detenido y encarcelado dos meses por el "caso Macedonia", ha denunciado recientemente a nueve agentes de Asuntos Internos por ocultar pruebas que cree que le exonerarían.
El subinspector advierte en su denuncia que los nueve miembros de la DAI de los Mossos -la mayoría ya han cambiado de destino- ocultaron una serie de llamadas que revocarían los indicios que le incriminan en los delitos de cohecho, asociación ilícita y revelación de secretos, por los que fue detenido el 15 de octubre de 2010 por colaborar supuestamente con una red de tráfico de drogas.
El informe de la Policía Nacional no sólo cuestiona la actuación de los Mossos en el "caso Macedonia", ya que también ve "numerosas irregularidades" en la detención en 2009, por parte de la Guardia Civil, de un supuesto colaborador de Manuel G.C., Luis Miguel B.H., lo que dio origen a la investigación del caso "Macedonia".
Por esta detención, atribuida a una guerra entre bandas rivales, fueron juzgados y posteriormente absueltos dos agentes de la Guardia Civil que habían relatado en un atestado que habían incautado a Luis Miguel B.H. un total de 50 kilos de cocaína cuando, en realidad, el alijo contenía en su mayoría bolsas de azúcar y yeso.
La incautación del alijo al presunto traficante obedeció a una trampa que le tendió una banda rival, pero el incidente puso en el punto de mira a los dos guardias civiles autores del atestado, que fueron investigados durante ocho meses por la División de Asuntos Internos de la Guardia Civil bajo la sospecha de que habían robado la droga y sustituido por sustancias inocuas.
El informe constata que por parte de los mandos de la Guardia Civil se desarrolló "un importante despliegue de medios" para la defensa de los agentes imputados, hasta el punto de que llegaron a acudir al senador de CiU Jordi Casas para que mediara.
Además, advierte de que si Manuel G.C. supo al día siguiente de la detención de su colaborador que éste podría haber sido víctima de una trampa, y que ésta quizás iba dirigida a él, la Guardia Civil tendría que haber investigado al confidente, pese a que no consta que hubiera estudiado su tráfico de llamadas de ese día y los anteriores.
En una de las ramificaciones de esta compleja trama, el informe también reconoce que la Policía Nacional no estudió la totalidad de los registros de llamadas telefónicas de los supuestos narcos, por lo que su actuación podría ser considerada "al menos de irregular".
Además, el informe remarca que la Policía Nacional tardó tan sólo ocho días en "llegar al pleno convencimiento" -tras pinchar el teléfono a un supuesto narco- de que Manuel G.C. y Luis Miguel B.H. "actuaban conjuntamente en varias actividades delictivas", aunque su operación se fue "al traste" tras la detención de Luis Miguel B.H. por parte de la Guardia Civil.
En el informe también se advierte de que Manuel G.C. mantuvo numerosas conversaciones telefónicas con mandos de los Mossos y que un excargo de la Oficina Antifraude de Cataluña -que fue absuelto por aceptar como regalo una moto suya- también intercambió con él 586 comunicaciones entre octubre de 2009 y junio de 2010, cuando aún estaba en la OAC.
