La Fiscalía de Madrid indaga si Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno, pudo cometer un delito de injurias al llamar "prevaricador" y "mediocre" al juez del "caso Dina" el pasado 19 de abril. Las declaraciones tuvieron lugar en la presentación del libro de Iglesias, "Verdades a la cara".
En la ponencia, Iglesias aseguró que el magistrado no había logrado acabar con el. "La historia tiene que dirimir si pasa a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por al contrario pasa a la historia como un prevaricador", dijo el exvicepresidente.
De acuerdo con fuentes fiscales, la Fiscalía de Madrid admitió un escrito de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que se disponen los hechos, para que se esclarezca si constituyen o no un presunto delito de injurias o calumnias. No se han practicado diligencias hasta el momento.
La FGE, dirigida por Dolores Delgado, cedió el documento a la delegación madrileña tras considerar que era la adecuada para estudiar el caso, ya que García Castellón, que también es la pieza número 10 del "caso Villarejo", presta servicio allí. En el procedimiento judicial se intenta averiguar el recorrido que siguió la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, desde que fue robada en 2015 hasta que parte del contenido se publicó en prensa.
El papel de Iglesias en el "caso Dina"
El teléfono móvil de Bousselham contenía todo tipo de material "sensible" cuando llegó a las manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que lo almacenó durante meses sin decir nada a nadie. En enero del año 2017 Iglesias devolvió la tarjeta, muy deteriorada, a su dueña.
En un principio, el exvicepresidente cumplía el papel de perjudicado en el caso, hasta que en mayo de 2020 el juez le retiró esta condición afirmando que había ocultado durante meses la tarjeta telefónica de su exasesora.
Así, García Castellón elevó al Supremo la petición de investigación a Iglesias. Se le acusaba de tres delitos: denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Según había entendido el juez, hizo un uso fraudulento del proceso para lograr una ventaja electoral.
Una campaña de desprestigio
Tras interponer la solicitud García Castellón envió un escrito a Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial, denunciando una situación de desprestigio personal y profesional que le situaban en una posición de indefensión y descrédito profesional.
Según el juez, los mensajes fueron repetidos y amplificados por altos cargos políticos, incluidos miembros del gobierno, que a sabiendas de la gran repercusión que estas palabras podían tener continuaban promocionándolas. En el documento, también se pueden leer diferentes tuits que el profesional había estado recibiendo.
