Ambos se enfrentan a una condena de dos años y medio de prisión y a su inhabilitación durante ese tiempo, después de que la Fiscalía percibiera indicios de delito societario en una maniobra que les ayudó a anunciar un beneficio de 30 millones de euros en lugar de los 182 millones de pérdidas que arrastraba la antigua caja.
CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis, después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.
En declaraciones a Efe, el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó ha confesado que espera que el proceso "acabe de una vez", porque "para quien lo vive parece que hayan pasado setenta años".
Según el auto del juez Pablo Ruz, la caja concedió préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la normativa interna de la entidad, lo que supuso un trato de favor hacia la parte deudora", algo de lo que ya había advertido el Banco de España en un informe pericial en el que encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil".
Todo ello supuso "un claro perjuicio económico" a CCM, puesto que los préstamos fueron total o parcialmente impagados y las garantías resultaron insuficientes en un momento en el que la caja "atravesaba grandes problemas de liquidez".
La investigación se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP, todos ellos miembros de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera intervenida y posteriormente absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.
