El Gobierno de Sánchez no se ajustó la legalidad cuando traspasó a Navarra las competencias de tráfico de la Guardia Civil por la vía del decreto ley. Debía haber cedido a la vía parlamentaria, bien reformando la LORAFNA, la ley que equivale a un estatuto de Autonomía y que no recogía esas funciones, bien a través de una ley ordinaria.
El Supremo constata que no se trata de un derecho histórico y le da la razón a la asociación JUCIL, totalmente legitimada para demandar, ya que la alternativa ofrecida a los guardias civiles que no cambiaran de funciones era integrarse en la Policía Foral o abandonar Navarra.
El Gobierno destaca que el Supremo no descarta el traspaso de Tráfico
El Gobierno ha destacado, después de que el Tribunal Supremo haya anulado el real decreto de traspaso de las competencias de Tráfico de la Guardia Civil a Navarra, que el fallo "no descarta" la transferencia sino que estima "inadecuado" el procedimiento empleado para llevarla a cabo.
Fuentes del Gobierno central han dicho que el Ejecutivo "respeta absolutamente" las decisiones judiciales y "acata" la sentencia y que sus servicios jurídicos están analizando el contenido de la misma.
A la espera de conocerla con detalle, de las primeras informaciones destaca el Ejecutivo que el fallo no descarta el traspaso y abre la puerta a que Navarra reciba la transferencia por otras vías.
Las mismas fuentes han subrayado que con este traspaso el Gobierno no retira a la Guardia Civil de Navarra sino que hace cumplir la transferencia dentro de la normalidad en el funcionamiento de un Estado de derecho descentralizado.
Lo que ha establecido el Tribunal Supremo es que esas competencias no pueden traspasarse a través de un real decreto, pero sí pueden asumirse por Navarra bien reformando la Lorafna -el equivalente al estatuto de autonomía- o mediante una ley orgánica como plantea el artículo 150.2 de la Constitución.
En referencia a estas vías, la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha afirmado que su Ejecutivo "va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con el compromiso unánime de avanzar en el autogobierno" con la asunción de la competencia de tráfico.
Respecto a la sentencia, ha remarcado que en ella "el Supremo se ha enmendado a sí mismo", porque "existe jurisprudencia anterior del 2018 en el otro sentido".
