Las familias de dos de los 13 fallecidos en los incendios registrados el pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de ocio Atalayas, en Murcia, han anunciado que van a presentar una querella contra el Ayuntamiento del municipio como responsable civil de un presunto delito de "prevaricación por omisión".
En concreto, la querella se dirige contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior Equipo de Gobierno, Andrés Guerrero, y contra "tres funcionarios" del Consistorio.
Estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una "estrategia" a través de la que "paralizaban" la orden de cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos "mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización".
Así lo ha confirmado el abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, quien ha considerado que "no se ha actuado de forma correcta ante las distintas irregularidades". Al contrario, a su juicio, "ha habido una trama" y "un sistema de funcionamiento perfectamente organizado en el que participaban", desde su punto de vista, "Navarro Corchón y determinados funcionarios".
Ha señalado que todos ellos, "a través de una estrategia, establecían siempre que la actividad estuviera en funcionamiento, amparándose en una posibilidad que otorga la normativa, la ley 4 del 2009, que permite el funcionamiento" del establecimiento "mientras haya abierto un procedimiento de legalización".
En concreto, la normativa permite el funcionamiento "en determinados casos" y, "aprovechando esas posibilidad, la aplicaban de forma generalizada", según el letrado.
Así, según Muñoz, cuando se abría un procedimiento de cese, esta "trama" respondía diciendo: "oiga, no puede usted cerrar porque hay un procedimiento de legalización".
Cuando se imponía una sanción, respondían que "no pasaba nada" y presentaban el procedimiento de legalización. Ha criticado que, con esa "estrategia", iban "paralizando cualquier incidencia que pudiera surgir".
Incluso, ha lamentado que esta "trama" llegaba "hasta el absurdo", puesto que un procedimiento de legalización "lo paralizaban alegando que iniciaban otro procedimiento de legalización aportando, además, la misma documentación".
Con esta "estrategia", el abogado ha señalado que conseguían paralizar un procedimiento de cese para que el que se había dictado un decreto de ejecución de forma expresa.
Además, Muñoz ha considerado que "había suficientes irregularidades sustanciales como para haber dictado la suspensión de la actividad" de estas discotecas, en cuyo incendio fallecieron 13 personas.
Muñoz ha confirmado que va a presentar esta querella ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia y achaca al Ayuntamiento, al concejal y a los funcionarios el delito de prevaricación por omisión. De momento, Muñoz va a presentar esta querella en nombre de las dos familias a las que representa, aunque no cierra la puerta a que se sumen otros afectados si hay "coordinación".
La Justicia ya rechazó responsabilidad penal municipal según el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Murcia ha recordado que la Justicia "ya rechazó la existencia de responsabilidad penal" del Consistorio por el incendio de Atalayas.
El Consistorio ha reiterado su "máximo respeto y apoyo" a los familiares de las 13 víctimas mortales del incendio de la zona de ocio de Atalayas, recordando que todos los servicios municipales "han permanecido a su disposición desde el mismo día de la tragedia".
Ha recordado que el abogado José Manuel Muñoz, representante legal de algunas de las familias de las víctimas, ya ha intentado anteriormente sin éxito que el Juzgado de Instrucción Número 3 de Murcia, donde se instruyen las diligencias por el incendio de la discoteca Teatre, abriera una pieza separada contra el Ayuntamiento de Murcia por un supuesto delito de prevaricación administrativa por omisión.
Esta petición fue rechazada por la titular del Juzgado de Instrucción en un auto dictado el pasado 17 de noviembre de 2023, en el que señaló que "no existen las mínimas sospechas que justifiquen la apertura de la pieza separada interesada por presunto delito de prevaricación administrativa" contra representantes públicos o funcionarios del Ayuntamiento, "no habiendo hasta la fecha más que conjeturas de que la no ejecución de la orden de cese de actividad contra la discoteca 'Teatre' contribuyó al resultado mortal".
