Muchos de los inmigrantes argelinos que han llegado en patera a las costas de la región de Murcia han quedado en libertad con una simple notificación de devolución

Fuentes policiales han explicado a Onda Cero que “ahora los están dejando libres en pequeños grupos de dos o tres personas para que no se note mucho por las calles” y añaden que “tras pasar por comisaría, los inmigrantes salen libres con una notificación de acuerdo de devolución expedida por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía dependiente del Ministerio del Interior y la recomendación de que tengan encendido el teléfono móvil para cuando llamen del juzgado que decretará su expulsión de territorio español". En muchos casos son los abogados de oficio que les asistieron en comisaría los que reciben la llamada del juzgado porque no localizan al inmigrante.

El apartado 6 del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social dice que "cuando la devolución no se pudiera ejecutar en 72 horas se solicitará al juez la medida de internamiento prevista para expedientes de expulsión". Onda Cero ha tenido acceso a una de esas notificaciones de devolución entregada a un inmigrante detenido por la Policía el pasado 6 de octubre y que había llegada a España desde Argelia en patera.

Onda Cero ha solicitado a la Delegación del Gobierno que informe del número de inmigrantes llegados en patera que han pasado a disposición judicial en la región de Murcia en los últimos quince días tras pasar por Comisaría de Policía y a qué centros de internamiento han sido derivados dado que el CIE de Sangonera solo dispone de 138 plazas y, según delegación, “está a pleno rendimiento”.

El delegado del gobierno, Francisco Jiménez aseguró que “todos los argelinos que han llegado en patera a las costas de la región de Murcia serían expulsados en el plazo de un mes”, pero la realidad es que muchos de ellos han quedado en libertad y ya se encuentran en paradero desconocido. Para la mayoría de los argelinos llegados en patera a la región de Murcia, España es un país de tránsito ya que su destino final es Francia.

La Delegación del Gobierno ha reconocido que los inmigrantes que no ingresan en los CIE son derivados a las ONG del Sistema Nacional de Acogida, competencia exclusiva del Ministerio del Interior y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social donde, sin embargo, no puede ser retenidos y no hay vigilancia policial de ningún tipo. La mayoría de los inmigrantes que han arribados a las costas de la región de Murcia son varones de nacionalidad argelina.

Recientemente tanto PP como VOX han acusado al delegado del gobierno, Francisco Jiménez de “crear un efecto llamada” al dejar en libertad hace quince días a 30 inmigrantes argelinos por las calles de Cartagena sin que el delegado del Gobierno diera cuenta a ninguna administración, y de espaldas al Ayuntamiento de Cartagena” aseguró el portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado. El PP ha exigido la comparecencia del delegado del gobierno en la Asamblea Regional para que explique la gestión que ha llevado a cabo ante la última oleada de pateras.

Por su parte, el delegado del gobierno, Francisco Jiménez ha criticado “el uso político” de la inmigración por parte de PP y CS y ha dicho que “quien critica a la Delegación del Gobierno está criticando a miles de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo y Capitanía Marítima que aplican la legislación y lo saben hacer muy bien”.

Cuando a mediados de noviembre de 2017 llegaron 650 inmigrantes en un solo fin de semana, la Delegación del Gobierno entonces dirigida por Francisco Bernabé, ante la falta de capacidad de las instalaciones de la región, alojó a 200 argelinos en diferentes comisarías de la región y otros 300 en el pabellón deportivo municipal de Bastarreche de Cartagena donde fueron atendidos por Cáritas y Cruz Roja, pero vigilados por agentes de la Policía Nacional. Convirtió el citado polideportivo en un centro de detención temporal. En aquella ocasión, la Delegación del Gobierno sopesó seriamente alojarlos en dos módulos de la cárcel de Campos del Río que estaban cerrados previa autorización de la autoridad judicial (medida que contempla la ley) pero finalmente 510 inmigrantes fueron trasladados a la cárcel de Archidona en Málaga cuyas instalaciones estaban terminadas, pero aún no se había inaugurado.

El TSJ habilitó entonces siete juzgados especiales en Cartagena, Murcia, Lorca y Molina de Segura para tomar declaración a todos y cada uno de los inmigrantes, requisito previo para su internamiento en un CIE y su expulsión de España mediante auto motivado de un juez como prevé la legislación vigente. Los juzgados número 2 y 3 de Cartagena se trasladaron con ordenadores incluidos al polideportivo de Bastarreche para que todos los argelinos llegados en patera pudieran prestar declaración lo más rápidamente posible antes de ser derivados a un centro de internamiento dado que no pueden estar bajo custodia policial más de 72 horas.

Conviene recordar que la puesta en libertad de 60 inmigrantes llegados en patera a la región de Murcia a principios de noviembre de 2017 costó el puesto al entonces delegado del gobierno, Antonio Sánchez Solís que a los pocos días fue sustituido por Francisco Bernabé.