La polémica por la ejecución de las aceras en la calle Clara María Aller de Ourense, en la que se encuentra la casa del alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, será tema monográfico de un pleno extraordinario en el Concello. Se trata de una obra realizada con cargo al Plan - del Estado, y posteriormente un informe del interventor municipal consideró "ilegal" la licencia del ocupación de la casa concedida al alcalde, por lo que se le reclama el pago de 27.700 euros por la liquidación de esas obras de construcción de aceras.
El grupo municipal del PP hizo esa petición por registro, "para exigir al alcalde, Agustín Fernández, las aclaraciones que no pudo solicitar en el pleno del viernes por los incidentes con la edil de DO", afirman desde la oposición. Además le pedirán que pague ese dinero antes de que prescriba el expediente municipal.
El alcalde ya adelantó que "habrá pleno aunque no valga para nada, pues ya llevaron un tema de tipo administrativo a Fiscalía", aunque no puso fecha para el mismo y lo calificó de un nuevo episodio de "judicialización de la vida política".
Pero el PP quiere un pleno y lo quiere con urgencia pues la intención del grupo municipal popular, que compareció ayer casi al completo, es que no prescriba el expediente municipal abierto contra el regidor, en este caso en su condición de de ciudadano Agustín Fernández, en el que se le pide el pago de de 27.776 euros, correspondiente a las cuotas por las obras de de la calle, pues el expediente prescribe el día 15 de abril.
En el segundo punto del orden del día del pleno extraordinario solicitado, el grupo popular aprovecha una vez más para "exigir la dimisión de Agustín Fernández como alcalde y miembro de esta corporación".
Según explicó el portavoz del grupo popular, el informe presentado hace dos días por el interventor del Concello es claro y da cuenta de que la obligación del alcalde de abonar los 27.700 euros por las obras de su calle prescribe el 15 de abril. Por este motivo "nuestro deber como grupo de oposición es evitar que se pierda este dinero público", afirmó Rosendo Fernández.
El PP municipal trabaja además con previsión y como hay un máximo de plenos extraordinarios concedidos, y cada uno debe ser avalado por la cuarta parte de la corporación, solo firman esa petición de sesión extraordinaria 7 concejales del PP, para que quede remanente de firmas para posibles futuras peticiones de sesión extraordinaria.
Advirtió además que "el jefe de servicio de licencias urbanísticas tiene que incoar este expediente, pero está de baja y esto no puede eximir al Concello ni causarle una lesión de carácter económico".
Rosendo Fernández supone que tanto el alcalde, quien debe pagar ese dinero por la obra de su calle como Áurea Soto, encargada de incoar el expediente, "están tratando de ganar tiempo pero si prescribe, la responsabilidad patrimonial podrían ser del alcalde y de la edil de Urbanismo, y la omisión de deberes puede tener responsabilidad penal."
Por su parte el alcalde tachó a Rosendo Fernández de "adalid de la banalización de la vida política", y criticó su línea de "acoso y derribo". Para Agustín Fernández "a los ciudadanos ya no e importa el tema de mi casa, pues lo tienen en Fiscalía, allí daré explicaciones y si tengo que pagar pagaré pero ese no es un tema para una batalla política".
