En declaraciones a EFE, el abogado que se ocupa de la defensa del exalcalde, Gerardo Viada, aclaró que al darle traslado a las partes de ese incidente de recusación sólo se plantean dos opciones "o adherirse u oponerse" y, en este caso, la asistencia legal de Francisco Rodríguez entiende que "no hay ningún motivo para oponerse".
"Nosotros estamos al margen de este tema", aclaro Viada, pero opina que "las causas de recusación" parecen "claras", porque se ha "iniciado un procedimiento" contra Miguel García Gesto, en el que la propia jueza De Lara "no es parte, pero sí es denunciante".
"A priori, parece que puede haber causa de recusación, y por eso no nos hemos opuesto", aclaró Viada.
Los abogados de todos los imputados en la Operación Pokemon tenían de plazo hasta el pasado 17 de octubre para sumarse o rechazar el incidente de recusación que planteó la defensa del empresario Miguel García Gesto contra la jueza instructora.
La defensa de Miguel García Gesto presentó un escrito de recusación contra la jueza Pilar de Lara a causa del altercado que tuvo con la propia instructora y con un grupo de personas que la acompañaban a la salida de un local en el casco histórico de la ciudad, a finales del mes de agosto.
A raíz de ese altercado, la jueza de guardia envió a prisión al empresario, imputado en la Operación Pokemon, aunque más tarde quedó en libertad por una resolución de la Audiencia Provincial, en respuesta a un recurso formulado por la abogada que se hizo cargo de su defensa, la misma que presentó el escrito para recusar a la jueza.
Por su parte, la defensa del alcalde de Lugo, José López Orozco, también presentó un escrito el pasado 8 de octubre para adherirse "cautelarmente" a esa recusación de la jueza instructora, pero siempre con la condición de que los hechos que describe García Gesto "sean ciertos".
Una vez que todas las partes personadas en el proceso han expresado su opinión con respecto al incidente de recusación, será la propia jueza la que tendrá que emitir "un informe" para enviárselo a la Audiencia Provincial, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)
