Un conflicto de alta intensidad y que puede llevar a la ruptura de no haber un cambio de rumbo. El nuevo "plante" de los cinco ediles críticos al alcalde, Agustín Fernández, a la reunión del grupo municipal socialista que convocó ayer, se convierte en el exponente más claro de que no se produjo avance alguno en la solución, sino todo lo contrario. La tensión era patente en la mañana de ayer, como así lo reflejaba el semblante del regidor, y la actuación de su personal de confianza, que impidieron tomar imágenes de una reunión a la que solo acudieron los otros cinco ediles.
Después de que Agustín Fernández "tendiese la mano" para reconducir el conflicto en el que se encuentra instalado el grupo municipal socialista, que gobierna en minoría el Concello, bajo las premisas de "pedir perdón por los errores cometidos", además de "acatar la decisiones del alcalde", dentro de esa máxima que proclamó en su momento de "obedecer o irse para casa", los ediles críticos mantienen su postura de no asistir a las reuniones del grupo alegando que no están obligados, como señalan los estatutos, aunque sí a las preparatorias de pleno, a la que acudieron.
La de ayer fue una jornada marcada por los silencios, tanto por parte del alcalde como del grupo, José Ángel Vázquez Barquero, y de los ediles críticos que se guardan las explicaciones sobre las ausencias de ayer en la reunión para "el ámbito interno". Su objetivo es dar las explicaciones "a quien haya que darlas", aunque advierten que no se trata de un incumplimiento de los estatutos y mucho menos de una "falta grave" como se quiere hacer ver por parte del alcalde y de la ejecutiva gallega.
Préstamo a funcionario
En medio de la confrontación que mantienen los socialistas, los críticos pidieron, al hilo de las informaciones que viene publicando FARO en relación al "préstamo humanitario y verbal" a un funcionario municipal, por un importe económico de 21.000 euros, consideran que en este caso sí se debe aplicar a las personas que lo acordaron, y que ellos sostienen que desconocían, el artículo de los estatutos que esgrimió para decidir su suspensión de militancia cautelar.
Se trata del articulo 42 de los estatuto, en su apartado e), del Reglamento de afiliados, sobre "la falta de probidad y honradez en el desempeño de cualquier cargo público u orgánico, así como los derivados de la irregular administración de los fondos del Partido o de la Administración". Y advierten que el "préstamo humanitario y verbal" se hizo con el dinero público que se le asigna al grupo municipal socialista, según las explicaciones que daba el alcalde y en ese momento portavoz, Agustín Fernández, que junto con la edil de Urbanismo, secretaria del grupo y titular de la cuanta bancaria, Áurea Soto, avalaron una contabilidad en la que no se refleja nada al respecto.
Y aunque evitan realizar manifestando declaraciones públicas, dejan patente su "malestar" por no ser informados en su momento, como miembros del grupo socialista que son, de que la Fiscalía había abierto una investigación sobre los gastos, el préstamo y otras cuestiones que revelan, cuando menos, actuaciones que podrían ser irregulares y con transcendencia en el ámbito judicial.
En relación a la contabilidad del grupo, en este caso la de 2012, junto con los documentos justificativos de la misma han de ser entregados al interventor municipal, como así se hizo, para su posterior remisión al Tribunal de Cuentas, que es el órgano que tiene competencias para su fiscalización y control, y en el que no aparece el "préstamo humanitario" al funcionario municipal, jefe de Recaudación, debido a que "es verbal". Esto sirvió al alcalde para justificar que no exista ningún tipo de documento, que "es lo normal en estos casos", según se señala por fuentes de la administración.
De ahí que la actuación que se siguió en este asunto, y que se intentó justificar en la versión "oficial" dada por el grupo, y de la que se desmarcan los ediles críticos, podría derivar en supuestos delitos penales, relacionados con la contabilidad, en la que no se refleja la realidad de donde se destinó el dinero público, las facturas aportadas, y el propio "préstamo humanitario".
