Como a varios alcaldes del PP ourensano, a José Manuel Baltar no le agrada la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que abocaría a una división provincial de Ourense en un único partido judicial concentrado en la capital. Las otras ocho demarcaciones actuales de las villas y el rural -Bande, Celanova, Trives, Xinzo, Verín, O Carballiño, O Barco de Valdeorras y Ribadavia- quedarían relegadas o incluso suprimidas en favor de un tribunal de instancia único, el nuevo órgano que agruparía todas las jurisdicciones y tendría sede en Ourense.
En el marco de unas jornadas que debaten las reformas necesarias para el estado actual de España, el presidente provincial se distanció ayer de la última que promueve el ministro de Justicia de su partido, Alberto-Ruiz Gallardón. Baltar prima la existencia de un servicio de proximidad por encima del ahorro. Según sus palabras, "no hay criterio económico que sustituya una necesidad social en un elemento básico de nuestro sistema como es la justicia".
El titular de la Diputación, que ya se había manifestado en contra del proyecto de reforma del aborto que también ideó Gallardón, no dejó dudas de su deseo de que la reforma territorial de los juzgados incluida en la LOPJ "No comparto esa medida. Espero que cambie radicalmente en la tramitación parlamentaria", dijo. La discusión y fase de enmiendas se abrirá a las dos cámaras tras la aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros del viernes.
El cambio de modelo territorial con el que los funcionarios temen movimientos constantes de destino a nivel provincial , entre otras pérdidas de derechos, tampoco es del gusto de los abogados. Decenas de despachos están ubicados en localidades medianas y la reforma podría poner en riesgo su actividad. El decano del Colegio de Abogados de Ourense, Arturo González, criticó que el anteproyecto nazca de la falta de diálogo, "sin el mínimo consenso". "Desde un despacho en Madrid se trazan unas líneas divisorias que no atienden ni la demografía, ni la geografía ni las características de una comunidad como Galicia".
Los letrados, a través del Consello Galego de la Avogacía, se reunirán con los grupos de la oposición y trasladarán alegaciones al Gobierno para intentar que "en la tramitación parlamentaria reine el sentido común, y el modelo se ajuste a la realidad". Un informe del CGPJ del año 2012 contemplaba, al menos, un segundo partido en Valdeorras. "Hay pueblos en A Mezquita que están a 2 horas, ¿alguien ha pensado en todo eso y en que la justicia es un servicio público?". Según el decano, la supresión de partidos judiciales "tendría una repercusión social enorme" y generaría "problemas de acoplamiento con las actuales y nuevas infraestructuras, como el nuevo edificio judicial".
González también cuestiona que el presidente del futuro tribunal de instancia sea nombrado por el Consejo General del Poder Judicial,, "lo que hace que la justicia se politice a niveles bajos como una correa de transmisión de los partidos que ostenten el gobierno de turno", alerta.
Cambio "a muy largo plazo"
El presidente de la Audiencia Provincial, Fernando Alañón, también admite que la reforma que retocaría una estructura de hace dos siglos "daría un nuevo golpe al rural", si consuma la supresión de partidos. Pero en su opinión, los cambios a corto plazo no pasarán, a lo sumo, de "un cambio de denominación, sin que desaparezcan ninguna sede judicial ni dotación de las villas".
Alañón, que ve positivo en el anteproyecto la supresión de la dicotomía juez-juzgado, permitiendo atender las necesidades puntuales con el refuerzo de magistrados y funcionarios, considera que el cambio exige cambios paralelos. "No se concibe un tribunal de instancia sin implantar la nueva oficina judicial o el expediente electrónico", expone.
