A los 9 días de ser citado a declarar como imputado por la adjudicación de las obras de Bedoya de 2008, el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, habló ayer por primera vez. El escenario era Montealegre, otro proyecto controvertido. El regidor, acompañado por la edil Susana Bayo, una de las alineadas con sector rival de los pachistas, insistió en un argumentario que carga las tintas por las causas abiertas contra el ejecutivo -siete en trámite que se centran en él y su núcleo de ediles más próximas- a una "cacería política" para defender "intereses oscuros, particulares y bastardos".
Sin nombrarlos, Fernández tiró dardos a los mismos supuestos enemigos, Democracia Ourensana, el funcionario afín al bando pachista que propició su plante en pleno y un poderoso promotor, contra los que ya había arremetido el lunes, tras una nueva declaración, su edil de confianza, la titular de Urbanismo, Áurea Soto, con cuatro imputaciones de momento. "Se olvidan del ámbito contencioso y denuncian por lo penal, que es gratis. no para hacer justicia, sino derribar a un gobierno legítimamente elegido", denunció.
Lejos ya de su otrora talante templado, Agustín Fernández se enervó lanzando preguntas retóricas sobre el último interrogatorio a la concejal. "¿Es razonable que Áurea Soto, una persona hornada, sea llamada a declarar como imputada por no enseñar el PXOM a un promotor, antes que al resto de ciudadanos? (...) Es un escándalo", aseveró.
El jueves 27, el alcalde socialista comparecerá ante el juez que investiga si los nueve integrantes de la junta de gobierno de finales de 2008 pudieron incurrir en una prevaricación administrativa al validar un proceso negociado, urgente, y sin publicidad para adjudicar la reforma de Bedoya, por importe de 563.000 euros, a OCA, S.A. Sin "ningún informe jurídico" en el expediente, tal y como declaró el asesor jurídico jefe, también imputado, ante el magistrado.
Ser imputado, subrayó el alcalde, apoyándose incluso de declaraciones de la juez de la Pokemon, no significa más que "declarar con plenas garantías". Sobre la obra, el regidor solo admite la posibilidad de un "error" administrativo por la celeridad de los trámites para no perder la subvención autonómica. "La junta de gobierno local no cometió absolutamente ninguna responsabilidad penal. Una cosa es que haya un error administrativo y otra, que haya una mentira como en otras denuncias".
Como otros gobiernos, Ourense tiene la amenaza judicial y el cerco de su propio partido. El PSOE obliga a dimitir a los cargos que van a juicio. El regidor asumió ayer la normativa orgánica, "lo respeto y está ahí, dijo, pero además expresó sus matices. Su "opinión personal", declaró, es que "hay que respetar la presunción de inocencia". "Si analizáis las denuncias, son políticas, instrumentan a la justicia para conseguir una mera imputación", son "un acoso político que solo pretende destruir a las personas, no defender intereses colectivos". Según considera, "una mera imputación no puede subvertir la voluntad popular".
