Unidas por Mérida considera que el procedimiento establecido por el ayuntamiento para la concesión de la ayuda municipal para el material escolar dificulta la participación de las familias vulnerables. Explican que, según las bases aprobadas por el Ayuntamiento, las personas que soliciten estas ayudas deberán aportar toda una serie de documentación, que según la normativa vigente, debe ser recabada por la administración municipal, y no por las personas solicitantes, desde el momento en el que la documentación solicitada son documentos expedidos por las distintas administraciones, y en algunos de los casos, por el propio ayuntamiento. Una documentación que critican, hay que aportar en un plazo innecesariamente corto.
Como resultado de la complejidad de los requisitos impuestos a las familias destinatarias de estas ayudas, en convocatorias anteriores se ha dado la circunstancia por la que en algunos centros educativos especialmente significados con el perfil de los destinatarios, el número que familias que finalmente obtuvieron la ayuda ha sido meramente anecdótico, un resultado que a todas luces pone de manifiesto las carencias de diseño del procedimiento.
Por todo ello, entendemos que el ayuntamiento ha obviado alguna de los rasgos esenciales a los que debería atender a la hora diseñar procedimientos de esta naturaleza, al no tener en consideración el perfil y las competencias socio-económicas de sus destinatarias, a los que iguala con aquellas personas que disfrutan de un nivel económico y cultural más elevado.
Por lo tanto, exigen al ayuntamiento que tenga en consideración las características de los perfiles sociales de las personas a las que van dirigidas sus actuaciones a la hora de diseñar la tramitación de los distintos procedimientos.
