Unidas por Mérida exige al gobierno municipal que atienda las peticiones de los responsables del Centro de Educación para Adultos y de las centrales sindicales en las que muestran su oposición al traslado de este centro a las dependencias del Colegio Juan XXIII.
Diferentes centrales sindicales han dirigido un escrito en el que han puesto de manifiesto los motivos por los que consideran que el traslado del Centro de Educación de Adultos a la barriada de San Juan puede traducirse en un empeoramiento de las condiciones en las que el centro desempeñaría su actividad y en la presunción de un futuro descenso del volumen del alumnado.
Las razones aducidas por las centrales sindicales y los responsables del centro señalan alguna de las evidencias que muestran el déficit de servicios públicos que actualmente el barrio, tales como el mal funcionamiento del transporte de urbano o el trastorno que podría ocasionar el cambio de ubicación del centro a su visibilidad.
En otros términos, el traslado supondría la adaptación de las dependencias del colegio Juan XXIII a las necesidades de un centro de educación de adultos, cuya oferta formativa no es la misma que la de un colegio de primaria, y cuya dotación es necesariamente distinta.
Así, el cambio de ubicación del CEPA supondría la repetición de algunas de las inversiones que ya se han realizado en las dependencias que actualmente son utilizada por el centro de educación para adultos y que van desde la adecuación de las canalizaciones de gas ciudad o la instalación de fibra óptica, hasta las obras en la cocina, almacén, aseos y tejados del inmueble en el que actual se desarrolla actividad del centro, y que ha supuesto un desembolso de más de 120.000 euros.
La decisión del gobierno municipal de no mostrar su oposición al cierre del colegio Juan XXIII, junto con la presentación de la propuesta de traslado del centro de educación para adultos sin realizar ningún tipo de consulta a los responsables de la gestión de ninguno de los centros afectados, pone en entredicho el ánimo del alcalde y de la delegada de educación en términos de escucha activa, participación y cooperación. Desde aquí queremos recordarles a ambos que ostentan su cargo en representación de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, una hecho que parecen obviar con demasiada facilidad.
Por otra parte, nos gustaría manifestar nuestra sorpresa ante la falta de oposición del gobierno municipal frente a la decisión de cierre del colegio Juan XXIII, así como su negativa a debatir la cuestión en el pleno municipal.
Por todo ello, pedimos al alcalde y la delegada de educación que atiendan las apreciaciones realizadas desde el CEPA, y defiendan a su ciudad, oponiéndose al cierre del colegio Juan XXIII.
