La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado este jueves que el "compromiso" del Gobierno que preside "está muy por encima de ideologías, de modas y del oportunismo político". En ese sentido, María Guardiola ha reafirmado que el Gobierno que presidenta va hacer "todo lo posible", y esté dentro de sus competencias "para que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y que los agricultores puedan recibir un precio justo por el trabajo y por el esfuerzo que realizan".
La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha considerado las medidas adoptadas por la Junta de Extremadura "son insuficientes, a la vista de las movilizaciones del campo". La portavoz socialista ha considerado que la situación del sector agrario "requiere de la ayuda coordinada de todas las Administraciones, de la regional, de la nacional y de la europea", tras lo que ha señalado que "no es creíble" que hace pocos meses "los problemas del campo fueran consecuencia de las políticas agrarias de Fernández Vara" y ahora, ocho meses después, "los problemas del campo sean consecuencia de las políticas de Pedro Sánchez y de Europa", ha dicho.
Así, ha abogado por "trabajar en la sostenibilidad de los cultivos y en la aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria", tras lo que la portavoz parlamentaria del PSOE ha pedido "sinceridad" a la presidenta de la Junta si se va a ejecutar el proyecto de regadío de Tierra de Barros, o si "¿van ustedes a desviar 27 millones de euros del regadío para otros fines de otras consejerías?", ha planteado.
Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado de "históricas" las movilizaciones que están protagonizando los agricultores y ganaderos en los últimos días. De Miguel ha criticado que el PP no apoyó la Ley de Cadena Alimentaria en el Congreso, cuando a su juicio es "una herramienta indispensable para luchar contra los abusos que producen las grandes empresas, los intermediarios", así como "para tener cierta capacidad de negociación.
La presidenta de Unidas por Extremadura ha alertado de los "precios injustos" que la industria quiere pagar a los productores de tomate, que "no cubren los costes de producción", tras lo que ha considerado que la Junta debería "haberse sentado a mediar", pero "ya es tarde", ha lamentado.
GUARDIOLA REAFIRMA SU DEFENSA DEL SECTOR
En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura ha recordado que en siete meses de Gobierno han pagado más de 7 millones a ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizoótica, han ayudado a los cereceros afectados por el temporal o han incrementado la partida de seguros agrarios hasta los 10,5 millones de euros, entre otras medidas.
Además, ha avanzado que el gobierno de la Junta de Extremadura "ya está trabajando para aliviar ese enorme papeleo al que tenemos sometido a los agricultores y ganaderos", a través de medidas de simplificación, automatización de procesos, o "apostando por la declaración responsable para poder sustituir documentación", ha dicho.
PÉRDIDAS EN EL TOMATE
La Junta de Extremadura está trabajando con el Ministerio de Agricultura para que los agricultores extremeños que aceptado vender su producción de tomate a un precio por debajo del coste de producción no pierdan los 3 millones de euros correspondientes a las ayudas asociadas por no haber firmado los correspondientes contratos.
Así lo han indicado tanto la presidenta de la Junta, María Guardiola, como la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, el pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas de Unidas por Extremadura (UPE) y PSOE.
Morán, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Eduardo Bejar, ha informado de que el 85 por ciento de la superficie está contratada a precios de entre 145 y 150 euros por tonelada, y que solo no han firmado contratos los productores a los que se les ha ofrecido un precio de 130 euros -por debajo de los 145 fijados como coste de producción- que representan el 14 % de la superficie.
