El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que van a pedir a los servicios de Secretaría e Intervención General y Recaudación Municipal que emitan un informe que les permita conocer "sin tantas dudas" cuestiones tales como si las plusvalías que se produzcan en los en torno a dos meses de "ausencia" de ordenanza al respecto "pueden liquidarse"; un concepto impositivo por el que se prevé la recaudación en el año de 2,2 millones euros.
Así lo ha señalado el concejal socialista Martín Serván en una rueda de prensa sobre ingresos municipales, en la que ha expuesto que pedirán dicho informe "para mayor tranquilidad de todos" y para "salvaguardar los intereses de nuestro ayuntamiento" y que, junto a la plusvalía, en segundo lugar quieren saber si la falta de ordenanza reguladora obligatoria desde 2018 de las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias puede "cuestionar" la recaudación de las contraprestaciones de los usuarios por el suministro de agua o las tarifas de los autobuses urbanos.
También en el caso del cobro por acceder al parque gestionado por la Inmobiliaria Municipal (Inmuba), al tiempo que ha destacado en tercer lugar si la "inexistencia" de ordenanza fiscal reguladora de los ingresos de la Institución Ferial (Ifeba) "implica algún problema posible de cobro indebido o ilegal de estos ingresos" o de las tarifas que tienen programadas.
Y es que, para Serván, "no cabe duda" de que los análisis que vienen haciendo de la actividad económica y presupuestaria, liquidaciones, baja ejecución o del abono de servicios extraordinarios "están evidenciando" los problemas que han venido criticando, y que "comienzan a manifestarse con toda crudeza en la acción administrativa del ayuntamiento, una vez que la confrontación personal entre los miembros del equipo de gobierno han hecho aflorar la desorganización, el envite entre delegaciones y entre estas y la Alcaldía" y entre los propios servicios administrativos.
"Son momentos en los que están exhibiéndose los gravísimos problemas que arrastra en esta administración", ha continuado, para señalar que no se inician, según entiende el PSOE, con el cambio de Alcaldía o la firma de un pacto de gobierno que "hoy a la postre" se puede "afirmar ya que fue un error de consecuencias nefastas para nuestra ciudad".
Así, ha puntualizado que son "conscientes" de que "todo deriva" de la concepción de la administración del PP y sus socios, Ciudadanos, "y de la derecha en general", por la que se provoca en los vecinos "su desafectación de lo público, exaltando lo privado, y en consecuencia igualmente procediendo a externalizar y privatizar servicios públicos".
Al respecto, ha remachado que ya dijeron al inicio de la legislatura que "la sala de máquinas de este proyecto global municipal", cuyo objetivo tendría que ser el progreso social y económico de la ciudad, la administración municipal "no funciona, está gripada" y lo que están viendo "es el humo negro maloliente e irrespirable de 28 años de gobierno del Partido Popular".
En materia de ingresos, el edil del PSOE se ha referido a tres ejemplos actuales "que tienen como hilo conductor la inoperancia de estos políticos liberados que no cumplen sus obligaciones", como la de aprobar los instrumentos que la ley exige para poder recaudar ingresos, ordenanzas municipales, una circunstancia que puede sembrar la "desconfianza de los contribuyentes, que es el peor síntoma de un sistema tributario".
Al mismo tiempo, ha rememorado que en marzo, con motivo de la presentación de los presupuestos y entre otras propuestas, los socialistas manifestaron que no entendían cómo hasta la fecha no se habían aprobado las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto de la Plusvalía, a tenor de la cual ha expuesto que, "modificada por fin" tras la petición de un pleno extraordinario por el PSOE, "aún no se encuentra publicada definitivamente y por tanto no está en vigor".
"Entendemos que esto va para dos meses donde estaremos sin esta ordenanza para liquidar las plusvalías", ha sostenido, junto con que en abril conocieron en pleno reparos de Intervención sobre "anomalías detectadas en materia de ingresos" y que instaba a la aprobación de una serie de ordenanzas de carácter no tributario y que regulen las denominadas "prestaciones patrimoniales públicas de carácter no tributario".
Se trata, ha explicado, de un nuevo concepto impositivo que no incrementa las figuras impositivas y que es una adaptación a las normas europeas de anteriores tasas y precios públicos del ordenamiento que han "desaparecido"; así como que en el caso del ayuntamiento y entidades dependientes Intervención decía en su informe que prestan una serie de servicios públicos mediante formas de gestión en las que intervienen personas jurídicas con forma de entidad mercantil, como Tubasa, Aqualia o Inmuba.
De este modo y dado que se cobran contraprestaciones económicas a los usuarios, que identificaba como "prestaciones patrimoniales", tendrían que haberse aprobado ordenanzas reguladoras del cobro de las mismas; junto con que ya en 2018 debería haberse aprobado y que en 2020 "se advirtió a los órganos competentes de la urgencia de la aprobación de estas ordenanzas, imprescindibles para poder cobrar estas contraprestaciones".
En este sentido, Serván ha apuntillado que dicho informe concluye indicando la necesidad de llevar a cabo la elaboración y aprobación de dos ordenanzas relativas al servicio público de abastecimiento, distribución de agua potable y saneamiento de Badajoz y otra para el servicio público de transporte urbano, y en segundo lugar, la de tramitar un expediente en el seno de Inmuba de fijación de precios de tarifas del parque público que gestiona aunque, como ha remachado, "hasta la fecha" que sepan "no se hecho nada para estos cuatro años".
Al respecto, ha dicho que, a tenor de las sentencias al respecto del Tribunal Supremo o consultas vinculantes realizadas al Ministerio de Hacienda, la recaudación de esas contraprestaciones que pagan los usuarios por el consumo del agua o autobús urbano exigen la aprobación de ordenanzas reguladoras de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.
Ha apostillado también que, a su vez, la Ley de procedimiento administrativo dice que de no seguirse el procedimiento legalmente establecido "nos encontraríamos con una causa de nulidad de pleno derecho de la acción recaudatoria", ya que un ingreso público cobrado sin una ordenanza municipal que lo ampare, o bien mediante una ordenanza "inadecuada", "es un ingreso indebido, nulo de pleno derecho" y "es ilegal recaudarlo".
Ante ello, se pregunta "qué necesidad" tiene el ayuntamiento de encontrarse en estas condiciones, "donde los ingresos que financian servicios públicos pueden ser puestos en duda por no ajustarse a la normativa que debería amparar esas recaudaciones", y "por qué no se ha remediado", pese a "ser advertido con reiteración por los servicios de Intervención de este ayuntamiento"; como también ha expuesto en relación a Ifeba la "extrañeza" que causa que carezca de ordenanza fiscal reguladora para la ordenación de sus ingresos, derechos y cánones que allí se recaudan.
