La posibilidad de implantar una tasa turística en València se ha convertido en estas últimas horas en el principal objeto de debate político en la ciudad. La controversia se ha reactivado después de que la vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, haya propuesto que la tasa se aplique solamente a los cruceros o a los apartamentos turísticos. La propuesta no gusta ni a la oposición ni a los socios de gobierno del PSPV en el Ayuntamiento – Compromís- aunque por cuestiones bien diferentes.
La vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha vuelto a defender este jueves una tasa turística que grave solo a los cruceros o a los pisos turísticos porque son -dice- actividades que no generan un impacto económico importante en la ciudad. Pero en cualquier caso cree que es un debate prematuro porque hace meses se acordó con Compromís que en València no se implante la tasa hasta que el sector recupere los niveles anteriores a la pandemia:
Desde el PP y Ciudadanos acusan a los socialistas de plegarse ante la insistencia de Compromís de aplicar la tasa turística como sea en València, como ha hecho el portavoz municipal de la formación naranja, Fernando Giner:
Por su parte la portavoz del PP en el Ayuntamiento, María José Catalá, cree que aplicar cualquier tipo de tasa en València tendría un efecto disuasorio sobre la llegada de turistas. Además no comparte que los cruceros y los pisos turístico tengan un escaso impacto económico:
Desde Compromís el rechazo a la postura de los socialistas es bien diferente. Esta formación defiende que, cuando llegue el momento, la tasa se aplique a todo tipo de alojamientos turísticos. En este sentido el vicealcalde, Sergi Campillo, asegura que el acuerdo alcanzado con el PSPV no incluía esa aplicación limitada del impuesto:
Campillo también le ha puesto pegas a la ordenanza que prepara la concejalía de urbanismo de la socialista Sandra Gómez para regular los apartamentos turísticos. Hace unos días la Federación de Asociaciones de Vecinos mostró su oposición a esa nueva normativa, que permitirá que cualquier persona pueda alquilar su piso a los turistas hasta un máximo de 60 días al año.
La entidad vecinal considera que esa posibilidad contribuirá a desregular aún más este sector. Sergi Campillo ha dicho que comparte esa preocupación y pide debate y consenso sobre esta cuestión a los socialistas:
