Tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Riba-roja, el Valencia CF a través de Litoral del Este, empresa creada para llevar a cabo un programa urbanístico en Riba-roja de Túria, ha presentado un recurso de apelación ante el máximo órgano jurídico de la Comunitat Valenciana después de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valencia ratificara que el Ayuntamiento no debía devolver los 25 millones de euros tras la anulación del plan urbanístico.
Lamentación del Ayuntamiento de Riba-roja
El propio consistorio ha emitido un comunicado oficial en el que "deplora que el Valencia opte por la vía judicial al recurrir al TSJCV la sentencia que rechaza una indemnización de 25 millones de euros por Porxinos". Añade este comunicado que "el Ayuntamiento de Riba-roja ha lamentado que los actuales dirigentes del Valencia hayan optado por una actitud 'beligerante' y 'combativa' en lugar de aceptar el fallo judicial que a finales de julio suponía una ratificación de la actitud que a lo largo del proceso ha mantenido la administración local en lugar del diálogo y el consenso con las administraciones".
El pelotazo urbanístico
Añade también en el comunicado que "este PAI ha servido, hasta el momento, para que el Valencia, a través de la empresa creada haya obtenido un 'pelotazo' de 141,2 millones de euros en plusvalías, como así se acredita en la última sentencia, a costa de todos los vecinos de la localidad con el pretexto del citado plan urbanístico y antes de haber llevado a cabo ninguna obra concreta".
Cronología de un PAI anulado
Y recuerda que "El PAI de Porxinos en Riba-roja de Túria se inició en el año 2005 con la firma de un convenio entre Litoral del Este y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, entonces gobernado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, la construcción de una ciudad deportiva, un campo de golf y hasta 2.700 viviendas en aquel momento en la citada área ambiental de la localidad.
Sin embargo, primero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de 2015 declararon nulo el plan parcial y la homologación del proyecto urbanístico al considerar que no existían suficientes recursos hídricos como ponía de manifiesto un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), además de que no se respetaron las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes y, por último, la adjudicación de la urbanización se realizó "a dedo" y "sin la necesaria oferta pública".
A pesar del revés judicial, Litoral del Este volvió a tramitar un nuevo plan que presentó en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en marzo de 2016 quien a su vez trasladó a la Generalitat Valenciana como administración pública competente para dictaminar sobre este nuevo tipo de proyecto urbanístico.
La Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat rechazó en abril pasado la tramitación del nuevo plan porque éste triplicaba los límites de crecimientos previstos en Riba-roja de Túria. Además, en septiembre la Conselleria de Medio Ambiente ha ampliado el área de protección del plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria en el que el paraje de Porxinos quedará incluido en la denominada interfase 1 como zona forestal y agrícola no urbanizable, por tanto, el PAI es inviable.
Finalmente llegó la sentencia del pasado mes de julio, que ahora se recurre, del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valenciaque rechazaba la pretensión de Litoral del Este de recibir 25 millones de euros en concepto de intereses e indemnización por la anulación del plan urbanístico.
