La Oficina Municipal de Vivienda recibió el año pasado 272 notificaciones de desahucios y 245 se lograron frenar desde el ayuntamiento por la vulnerabilidad de sus residentes. Queda pendiente ampliar vivienda y alquiler social y garantizar el derecho a la vivienda digna como reconoce la concejala de vivienda, María Jesús Garrido.
El protocolo municipal de vivienda permite aplazar el desahucio un mes en caso de propiedades de particulares y tres meses en entidades jurídicas.
