Las defensas de los siete acusados de difundir el bulo del conocido como 'caso Bar España' han pedido al juez en la primera sesión del juicio que declare prescritos los delitos de injurias y calumnias de los que se les acusa y también que considere no legítima a la fiscalía como parte acusatoria en el proceso judicial.
Estas han sido dos de los principales argumentos esgrimidos por las defensas de los acusados (seis personas físicas y una jurídica) en la primera jornada del juicio celebrado en la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón.
En esta jornada estaba previsto que declarase uno de los acusados por videoconferencia desde Irlanda y su inicio se ha retrasado durante casi dos horas por problemas técnicos relacionados con la red.
La causa trata de dilucidar la responsabilidad penal de los seis acusados, y un séptimo como persona jurídica a la que se le reclama responsabilidad civil, en la comisión de delitos de injurias y calumnias con publicidad y contra la integridad moral.
Según el escrito del fiscal, los acusados habrían difundido informaciones falsas, al menos desde 1998, respecto a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones y su participación en una organización de pederastia con base en un bar de la localidad de Benicarló.
Los seis acusados se enfrentan a penas de prisión que superan los 40 años y a indemnizaciones de hasta 1,3 millones de euros para los perjudicados, entre los que se encuentran el expresident de la Generalitat Francisco Camps, la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra.
Al tratarse de hechos que se remontan a 1998, se da además la circunstancia de que los acusados han pasado de 11 a 6, a causa del fallecimiento de cinco de ellos.
Durante la sesión tanto el fiscal como las partes han manifestado su oposición a que denunciantes y, especialmente, tres de los acusados declararan mediante videoconferencia, especialmente para acusados para los que se pide una cantidad elevada de años de prisión.
La sesión se ha centrado únicamente en las extensas consideraciones previas de las partes, sin que haya podido declarar el acusado que estaba programado, y cuyo testimonio, también por videoconferencia, se celebrará en la próxima sesión del juicio, señalada para el próximo martes.
También se ha visto marcada por la declaración de este mismo acusado en condición de letrado, ya que ha ejercido él mismo su propia defensa al tratarse de un abogado, quien se ha ausentado en dos ocasiones, dejando en negro su imagen, extremo que ha sido recriminado por el juez; ante la justificación del acusado de que "es que estaba pasando un familiar y no quería que le vieran" o que "estaba desayunando", el juez le ha dicho: "Si yo no desayuno, usted no desayuna".
Los abogados de la defensa han esgrimido diversos argumentos y han pedido la suspensión del juicio por distintos motivos, como la prescripción de los delitos -los de injurias y calumnias prescriben al año-; la falta de legitimación del fiscal -al considerar que debía tratarse de una querella privada por parte de los perjudicados que no se ha presentado- o al hecho de no haberse celebrado los actos de conciliación.
El fiscal, por su parte, ha defendido su acusación como garante de los derechos y al señalar que el daño causado a los perjudicados se produjo en el ejercicio de su cargo. Así, ha asegurado que el Ministerio Fiscal en este caso "no sólo es parte del procedimiento, sino que es necesario".
Y se ha preguntado qué habría pasado si la Fiscalía no hubiera cogido este procedimiento en 2018. "¿Habrían seguido colgando informaciones falsas?", ha señalado para añadir que la acción penal es "irrenunciable" y que el fiscal, en este procedimiento, "va a seguir adelante le pese a quien le pese".
Tras la sesión, una de las letradas que forma parte de la defensa de dos acusados ha señalado que sus defendidos han pedido perdón y están arrepentidos. Otro de los letrados ha señalado que es una causa que tiene "muchos defectos procesales" y ha reiterado ese arrepentimiento mostrado por su defendido y su intención de reparación del daño.
La celebración de las próximas sesiones ha sido fijada para los días 20, 21, 22, 23 y 26 de octubre a partir de las 9 horas y comparecerán más de 30 testigos.
