Diez años después desde el inicio de la instrucción del caso, el juicio por la rama del Brugal relativa a los presuntos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante llega a su parte final.
Según la exposición de las conclusiones llevada a cabo este martes por el Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, el empresario Enrique Ortiz obtuvo datos confidenciales de Plan General Urbano durante su tramitación, facilitados por el exalcalde Luis Díaz Alperi y su concejala de Urbanismo y luego sucesora en la alcaldía, Sonia Castedo. A cambio, los políticos, recibieron dádivas como viajes y regalos.
Ha recalcado que Alperi, Castedo y Ortiz mantuvieron una estrecha amistad; una relación "profundísima, con unos tentáculos que lo abarcan todo, lo público y lo privado". Ello, a su entender, ya debería haber servido para que ambos políticos se hubieran abstenido de intervenir en cualquier tramitación que afectara a Enrique Ortiz. No existió la neutralidad "que debe exigirse" entre unos servidores públicos y una persona privada, como ha sido el caso, ha recalcado el acusador.
El fiscal anticorrupción considera que el empresario alicantino se beneficio de la información que recibió sobre el planeamiento para "satisfacer sus apetencias urbanísticas". A cambio hubo viajes de lujo y regalos para Castedo y Alperi. Dádivas que "se suceden precisamente durante el proceso de tramitación del plan general".
La Acusación Pública ha venido manteniendo una petición de pena para Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi de 10 años de cárcel para cada uno de ellos y siete años para el empresario por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
En día sucesivos será el turno para las exposiciones finales de las acusaciones particulares y de las Defensas.
