El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha denunciado a los ayuntamientos de Girona, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Igualada (Barcelona), Celrà y La Seu d'Urgell por delitos de rebelión y sedición, por haber aprobado sendas mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlament catalán, anulada por el Tribunal Constitucional.
En los casos concretos de Celrà y la Seu D'Urgell, los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu ya han abierto una investigación.
El alcalde de la Seu d'Urgell, el convergente Albert Batalla, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, puesto que entiende que la moción investigada es "de cariz estrictamente político".
Ha asegurado que no han recibido "ninguna notificación" sobre esta investigación y ha avanzado que cuando ésta llegue la "atenderán como corresponde".
Según indica el consistorio leridense en un comunicado, la única petición hecha tras la aprobación de la moción fue por parte de la Subdelegación del Gobierno en Lleida el pasado 14 de noviembre, que requirió el acta del pleno del 11 de noviembre, que fue entregada.
La resolución del pleno municipal investigada, que fue por la mayoría absoluta que conforman CDC, ERC y CUP en la Seu, manifiesta el "pleno apoyo" y la "adhesión" del consistorio a la declaración de inicio del proceso independentista del Parlamento catalán.
Batalla ha expresado un mensaje de tranquilidad puesto que entiende que es una moción "de cariz estrictamente político" y no supone "ningún mandato concreto, ni la apertura de ningún acto administrativo ni ninguna acción que suponga un coste económico para el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell".
Además, ha defendido que esta iniciativa se enmarca en la facultad del consistorio de "pronunciarse, sin efectos jurídicos, sobre asuntos de interés general" y que está "amparado en la legislación vigente".
Por su parte, en declaraciones a TV3, el alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), ha asegurado que "desobedecerá y hará caso omiso" a la Audiencia Nacional y ha asegurado así que no facilitará las actas ni otros documentos solicitados para la investigación.
"Hemos empezado a desconectar de esta administración española que más que de justicia es política", ha aseverado el alcalde de la CUP, que, pese a prometer desobediencia por parte del gobierno municipal, ha puntualizado que el secretario interventor hará "lo que crea conveniente" ante la investigación judicial.
