Con esta iniciativa se pretende que la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre minería de tierras raras, cuyo primer borrador ha sido elaborado por el equipo jurídico de la plataforma, cuente con el mayor respaldo político posible.
La abogada Maria del Carmen Morallón explicaba en Onda Cero que la proposición de ley reconoce la dependencia del ser humano de la tecnología, pero por otro lado, la necesidad de control de este tipo de minería para evitar el deterioro de los restantes recursos naturales así como los graves efectos medioambientales y socioeconómicos.
Morallón apuntaba que el documento establece como requisito que las empresas extractivas que promuevan proyectos deberán acreditar adecuadamente solvencia económica financiera, técnica y científica, y deberán contar con suficientes recursos para atender las eventualidades y daños que pudieran surgir a través de un 65 % del presupuesto de actividad que pretenda acometer.