Assumpta Vivó Cavaller recibirá el Premio de Solidaridad de los Premios Onda Cero Menorca 2026 en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional. La profesional menorquina ha dedicado buena parte de su carrera a impulsar la abolición de la pena de muerte en todo el mundo a través de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, con sede en Madrid.
En una entrevista en Onda Cero Menorca, Vivó ha expresado su satisfacción por el galardón, que ha asegurado que recibió por sorpresa mientras participaba en una misión en Corea del Sur. Actualmente, desarrolla una labor de diplomacia internacional orientada a promover cambios legislativos y reforzar el compromiso de los gobiernos con la abolición de la pena capital.
Desde su incorporación a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en el año 2010, Vivó ha trabajado en diferentes países u organismos internacionales para favorecer reformas legales. Entre sus líneas de actuación se encuentra el diálogo con parlamentarios, representantes judiciales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Recientemente, ha participado en misiones en Tanzania y Kenia, donde se trabaja en iniciativas legislativas para abolir la pena de muerte, así como en Corea del Sur, donde se analizan posibles vías para avanzar hacia esta misma meta.
Durante la entrevista, Vivó ha subrayado que cada país necesita una estrategia adaptada a su realidad política y jurídica. En este sentido, ha defendido la importancia de sumar esfuerzos entre las instituciones y la sociedad civil para conseguir avances duraderos. También ha recordado la experiencia de países como Zambia y Kazajistán, donde se han conseguido progresos abolicionistas tras años de trabajo.
La galardonada ha advertido, asimismo, de las dificultades que persisten en estados donde las ejecuciones siguen siendo habituales y ha señalado que la pena de muerte afecta a menudo a personas en situaciones de vulnerabilidad social y económica. Además, ha defendido que los delitos deben tener consecuencias penales, pero que estas no deben implicar la muerte de la persona condenada.
