El Parlament celebra este martes un pleno extraordinario para debatir y votar la toma en consideración de una proposición de ley para que el catalán sea un requisito necesario para trabajar en la administración pública, en lugar de ser considerado solamente un mérito.
Además, una nueva diputada autonómica del PP, Tania Marí, tomará posesión del cargo sustituyendo a José Vicente Marí, elegido para el Congreso en los pasados comicios de diciembre.
Finalmente, la sesión también debatirá y votará una proposición de ley del PI de modificación de la Ley 3/1986, de normalización lingüística.
Estos tres serán los únicos puntos del orden del día para este pleno extraordinario que dará comienzo a las 10.00 horas.
PROPUESTA DE PSIB, MÉS, PODEMOS Y GxF
La iniciativa legislativa para exigir el catalán como requisito, que modificará una ley de 2007, ha sido presentada conjuntamente por PSIB, MÉS, Podemos y Gent per Formentera (GxF).
La propuesta busca "recuperar y fomentar el uso del catalán en la función pública" y dotar esta lengua "de oficialidad real junto al castellano".
La modificación se tramita por la vía de urgencia para que se pueda incorporar el requisito en los próximos procesos de selección.
El texto también define el nivel de catalán requerido, las posibles excepciones y otros casos, como la intermovilidad administrativa, en la que el personal funcionario procedente de otras administraciones públicas que obtenga destino en un puesto de trabajo de la administración autonómica que no pueda acreditar el nivel mínimo exigido de catalán queda obligado a alcanzarlo y acreditarlo.
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Por otro lado, el Pleno también debatirá el dictamen de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes de la Proposición de Ley presentada por El PI relativa a normalización lingüística.
Esta modificación persigue "hacer efectivo el uso progresivo y normal de la lengua catalana en el ámbito oficial y administrativo" y cambia algunos aspectos de la ley 3/2007, la misma que se verá previsiblemente modificada por la propuesta de PSIB, MÉS, Podemos y GxF, para "recuperar el pacto" de la ley de 1986, dejando sin efecto la modificación de Bauzá.
