El pleno del Parlament ha aprobado este martes, con los votos a favor de PP y Vox, la ley de simplificación administrativa, sin haber alcanzado un acuerdo en relación con la legalización de viviendas o la construcción en zonas inundables.
De este modo, el texto que ha validado la Cámara es el original, que no incluye la prohibición de construir nuevas viviendas en zonas de riesgo y permite la legalización de todas las viviendas fuera de ordenación, estén o no en zona inundable.
El debate de la ley ha estado marcado por acusaciones cruzadas entre la oposición y el Govern por no alcanzar un acuerdo en este sentido. Así, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que el Govern ha hecho "grandes esfuerzos y muchas cesiones" pero que el PSIB y, en concreto, su portavoz, Iago Negueruela "han bloqueado el intento de cualquier acuerdo".
Las propuesta del Ejecutivo era prohibir la construcción de viviendas y equipamientos sensibles en zonas de riesgo, prohibir nuevos suelos urbanizables en zonas de riesgo y eliminar la posibilidad de legalizar viviendas fuera de ordenación en zona de inundable pero que puedan hacer obras y reformas de seguridad.
Al no haber llegado a un acuerdo, el conseller ha anunciado que una vez se publique la ley de simplificación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), el Govern aprobará un decreto ley para introducir estos cambios que "garantizarán la seguridad de los ciudadanos".
No obstante, la diputada socialista Mercedes Garrido ha asegurado que "si alguien tiene la responsabilidad de que no haya acuerdo es el PP y Costa" porque "ha pretendido romper la unidad de acción de la izquierda y no lo ha conseguido".La propuesta del Govern, según Garrido, "es lo mismo pero con otro nombre", en concreto, "no es legalización, son obras de seguridad que consolidarán las viviendas". Además, ha lamentado que el Govern "solo piensa en zonas inundables", mientras que la oposición apuesta por prohibir nuevas construcciones y legalizaciones en cualquier zona de riesgo.
En esta misma línea se ha pronunciado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha explicado que los grupos de la izquierda no han aceptado las transacciones porque no extiende la exclusión de construir y legalizar en todas las áreas de riesgo y porque "aunque eliminan la palabra legalización, cuelan la amnistía igualmente".
