La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el texto definitivo de la ordenanza cívica con la incorporación de casi la mitad de las alegaciones presentadas que introducen modificaciones, entre ellas la eliminación de las sanciones por vivir en caravanas.

Así lo ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que ha apuntado que la ordenanza cívica se votará en el pleno de este mes y que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

El alcalde ha destacado que se han tenido en cuenta las aportaciones de asociaciones y de la ciudadanía. "Era esencial tener una visión colectiva para mejorar el texto final", ha subrayado, a la vez que ha agregado que el equipo de gobierno "no tenía ninguna línea roja".

En total, se han recibido 66 alegaciones, casi la mitad de ellas han sido incorporadas, mientras que 15, que eran a la totalidad, han sido desestimadas.

Sobre la normativa relativa a las caravanas y autocaravanas, el nuevo texto incorpora cinco alegaciones. De este modo, estará prohibido estacionar durante más de diez días en el mismo sitio, así como sacar elementos exteriores, generar ruido o olores, entre otras condiciones establecidas en la normativa de circulación.

Concretamente, el vehículo deberá mantenerse en contacto con el suelo únicamente a través de las ruedas, sin poder utilizar elementos estabilizadores ni otros dispositivos que no estén contemplados en la normativa de tráfico.

Además, no deberá generar ruidos, olores o vibraciones hacia el exterior, ya que estos aspectos se consideran infracciones graves. También queda prohibido que las actividades dentro o fuera del vehículo sobrepasen el perímetro del mismo, como el despliegue de toldos, mesas, sillas, neveras o barbacoas.

El vehículo deberá mantener su configuración original, sin añadir elementos que aumenten su volumen y que impidan que el vehículo pueda circular de manera autorizada.

Estas infracciones serán consideradas infracciones graves. No obstante, Martínez ha explicado que en el caso de las personas en situación de exclusión social no se les aplicará ninguna sanción económica.

El Ayuntamiento ha realizado un estudio de las caravanas que hay en Palma y que "es necesario" diferenciar entre las personas que viven en ellas y las que no.

El departamento de Servicios Sociales y la Policía Local han identificado 156 caravanas y autocaravanas, ocupadas y desocupadas, en asentamientos en varias zonas de la ciudad y ha ofrecido atención a las personas que viven en ellas.

En concreto, en Es Carnatge y Ciudad Jardín se identificaron 24 vehículos de estas características. La mayoría de las personas rechazaron una entrevista con Servicios Sociales al manifestar que estaban en la caravana de forma voluntaria o que eran turistas.

En el aparcamiento del Polideportivo de Son Hugo se encontraron 60 vehículos con 36 personas, cinco de ellas menores, y la mayoría adultos en edad laboral. Además, en esta zona algunas de las personas alquilan la caravana.

Igualmente, la Policía identificó 51 caravanas en Son Güells y 23 personas, dos de ellas menores, mientras que en Son Dameto había 21 caravanas sin nadie dentro.

Según Martínez, se ha atendido a un 24 por ciento de las personas y se continuará con este trabajo para "estudiar caso por caso y ofrecer soluciones". "Cumplimos con el compromiso de atender a estas personas en situación de vulnerabilidad", ha dicho.

Del estudio se desprende que el 43 por ciento de las personas son hombres que viven solos; el 21 por ciento, mujeres que viven solas; el 21 por ciento, parejas de adultos, y el 15 por ciento, familias con menores. El 61 por ciento de las personas están empadronadas en Palma.

En cuanto al resto de caravanas, que están vacías o son para uso turístico, el alcalde ha señalado que "se hará cumplir las normas para expulsarlas del espacio público" de la ciudad. "Las 150 caravanas que se manifestaron en contra de la ordenanza cívica no eran de personas vulnerables, eran turísticas", ha asegurado.

En este sentido, ha agregado que el 5 por ciento de las caravanas y el 40 por ciento de los remolques que entraron en Palma por vía marítima el año pasado se quedaron en la isla, lo que representa unos 200 vehículos.

Preguntado por el alquiler de caravanas como vivienda que se han encontrado, el primer edil ha señalado que todo lo que se identifique que sea objeto de sanción o denuncia "se hará".

VISITAS GUIADAS Y OTROS CAMBIOS

El texto aprobado tiene en cuenta nueve alegaciones relativas a los guías turísticos. Así, la principal novedad es que se ha aumentado el límite de personas permitias por grupo hasta las 35 (antes era de 20).

Estas sanciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 ya que, según Martínez, "hay muchos contratos y compromisos para esta temporada".

Igualmente, quedará prohibido el uso de megáfonos o altavoces y no se permiten visitas guiadas con vehículos, a no ser que estén autorizados --como el bus turístico o las galeras--. Las visitas guiadas con bicicletas o 'segways' se limitan a cuatro personas y el guía.

Sobre las actuaciones musicales en la calle, se ha clarificado una parte del texto sobre las sanciones y se continuarán autorizando actividades musicales. Martínez ha señalado que los músicos han solicitado que desde el Ayuntamiento se actúe "con dureza" con las actividades y actuaciones no autorizadas.

Así, queda prohibido situar actividades musicales frente a establecimientos públicos, edificios oficiales, lugares de gran concurrencia, así como frente a monumentos, edificios históricos o bienes de interés cultural, de manera que se altere su accesibilidad, visibilidad o perspectiva, garantizando que las actividades musicales se realicen respetando los límites establecidos por la normativa vigente.

Por otro lado, se ha introducido un cambio en cuanto a los locales que ofrecen comida para llevar, de modo que estos serán responsables de mantener limpio el espacio en el que se encuentran en un radio de 25 metros.

Además, deberán minimizar el uso de materiales de un solo uso y tomar medidas para evitar que los residuos generados se abandonen de manera inadecuada. Los establecimientos también deberán proporcionar sus propias papeleras y tomar todas las medidas necesarias para evitar la acumulación de basura.

Las sanciones derivadas del consumo de alcohol en la vía pública por parte de menores de edad se podrán sustituir por medidas formativas, siempre que la ley no exija la imposición de una multa obligatoria.