El Fiscal ha considerado que los hechos son constitutivos de un delito leve de usurpación de bienes inmuebles del artículo 245.2 del Código Penal. Además del desalojo de la finca, el Ministerio Fiscal solicitó para el denunciado una pena de multa de 6 meses, a razón de 6 euros al día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. El juicio, inmediato de delito leve, quedó visto para sentencia.
El Ministerio Fiscal sostiene que la persona denunciada, un hombre nacido en 1976, accedió a la vivienda sin autorización ni consentimiento de su propietario tras romper el candado del portón que da acceso a la finca e instalar una nueva cadena, más ancha y con otro cerrojo, impidiendo así la entrada de los dueños legítimos.
Los hechos fueron detectados el pasado 20 de mayo, sobre las diez de la mañana. Antes de que se instalara en ella el denunciado, la vivienda, perimetrada con un muro de altura superior a dos metros, tenía todos sus huecos, incluidas puertas y ventanas, tapiados con ladrillo como medida de seguridad ante una posible intrusión.
Trabajadores de la empresa propietaria de la vivienda requirieron verbalmente en varias ocasiones, diferentes días y en horarios distintos, al denunciado para que desalojara y abandonara el lugar, sin éxito, obteniendo como única respuesta: "Somos okupas y nos ampara la ley". Ante esta situación, los dueños de la finca pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.
Así, varios agentes acudieron a la vivienda en distintas ocasiones, para identificar a las posibles personas que pudieran encontrarse en ella y pedirles que la abandonaran, con resultado igualmente negativo. En el momento en que la Guardia Civil entregó al denunciado la citación para que se personara este viernes en el Juzgado, se encontraban en la casa, de visita, su excompañera sentimental y los dos hijos de la pareja, de 3 y 7 años.
