El Tribunal Supremo ha rechazado reabrir la investigación contra María José García-Pelayo, exalcaldesa de Jerez y diputada en el Congreso, por un presunto delito de prevaricación en las contrataciones municipales derivadas de la Feria Internacional del Turismo 2004 con empresas de la trama Gürtel. La petición fue derivada de la Fiscalía y las acusaciones populares pero Antonio del Moral, magistrado instructor de la causa, considera que los hechos estarían prescritos ya que ocurrieron hace 17 años.
Según el acto de Del Moral los actos arbitrarios que refiere el Ministerio Público y la acusación popular se habrían producido antes de octubre de 2004, por lo que lo que se refieren son consecuencias de las decisiones prevaricadoras previas a ese año. "No es que no haya datos para imputar a la aforada del contenido prevaricador de esos actos supuestamente prevaricadores a octubre de 2004", asegura el magistrado, sino que que no se identifica un acto para ser encajado en el Código Penal. El tribunal considera que "en una sucesión de actos administrativos encadenados, si el primero es prevaricador, no arrastra necesariamente a la condición de prevaricadores a los demás. Sólo cuando alguno de ellos añada un plus de decisión arbitraria habrá un nuevo delito, en su caso en continuidad con el primero".
El caso contra los 'no aforados', pendiente de los recursos
El caso que dirime la Audiencia Nacional que juzga a los acusados no aforados continúa pendiente de ser firme ya que existen recursos interpuestos, aunque coincide en la prescripción, como apunta el magistrado del Supremo.