La Fiscalía ha mantenido este martes su petición de cinco años de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos para la exdirectora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar Villafranca, por el llamado 'caso audioguías', en el que se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión del servicio de alquiler de audioguías del monumento con un presunto perjuicio económico superior al millón de euros.
El fiscal del caso también ha mantenido su petición para la ex secretaria general del monumento, Victoria Eugenia Chamorro, por los mismos delitos y pena que Villafranca, que dimitió en 2015 por este caso, y para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías, para quien solicita una pena de diez años de prisión y multa de un millón de euros.
Este juicio, que se viene celebrando desde el pasado 9 de enero en la Audiencia de Granada, también ha sentando en el banquillo de los acusados al que fuera jefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos de la Alhambra, José M.V., al que solo acusa la Junta de Andalucía, que está personada en el proceso como parte perjudicada y pide cárcel para todos los procesados. La sesión de este martes se ha centrado en la lectura de los informes de conclusiones finales de las acusaciones, entre las que también se encuentra el Ayuntamiento de Granada.
La Fiscalía ha elevado a definitivas las suyas aunque con algunas modificaciones jurídicas que en todo caso no alteran las penas que inicialmente ha venido solicitando por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos para la exdirectora y exsecretaria general de la Alhambra, y para el empresario, al que suma blanqueo de capitales. Respeto a este último ha introducido concretamente, como delito alternativo al de malversación, uno de apropiación indebida.
El fiscal acusa al empresario de llevar a cabo, entre 2007 y 2011, la "sustracción" a la Alhambra de parte de la recaudación con los servicios de alquiler de audioguías estableciendo presuntamente unos precios distintos a los estipulados en el contrato y facturando supuestamente menos dispositivos de los que realmente alquilaba, extremos todos ellos que el acusado negó durante su declaración en el juicio.
Tanto la directora de la Alhambra como la secretaria general del monumento en aquel momento presuntamente "permitieron" estas prácticas, a juicio del Ministerio Público, "perjudicando seriamente los intereses del Patronato de la Alhambra y el Generalife" al no llevar a cabo "actuación alguna para poner fin a esta situación" y "permitiendo durante todo el periodo de desarrollo del contrato la declaración de cifras de alquileres inferiores a las reales" por la empresa.
CONDENA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
El fiscal considera en su escrito de acusación, consultado por Europa Press, que el que la empresa no aportara la documentación necesaria para controlar la facturación por el servicio de alquiler de audioguías y que el resto de los acusados presuntamente no se lo exigieran dio lugar a un "nulo control de los ingresos reales de la adjudicataria y el consiguiente perjuicio económico" para el monumento, que fija en al menos 1,2 millones de euros "teniendo en cuenta que se ha partido de la contabilidad de la empresa y no de los datos reales de ventas".
El contrato para el servicio de audioguías de la Alhambra se firmó en octubre en 2007 con la empresa Stendhal Museum Solutions --cuyo administrador único es el empresario acusado-- pero la exdirectora del monumento declaró durante el juicio que no fue hasta finales de 2010 cuando tuvo conocimiento de los impagos de la empresa al monumento respecto al canon fijado en los pliegos, que en ese momento alcanzaban una deuda de unos 600.000 euros. Villafranca defiende que no participó en la contratación del servicio de audioguías y que no pretendió "en absoluto" beneficiar a la empresa ni tuvo sospecha de gestiones contrarias a la legalidad.
La pasada semana, coincidiendo con el desarrollo de este juicio, trascendió una reciente sentencia del Tribunal de Cuentas que --en un proceso distinto a este que se sigue por lo penal-- ha condenado a María del Mar Villafranca al pago de 404.265 euros por menoscabo en los fondos públicos del Patronato de la Alhambra por irregularidades en la gestión del contrato de explotación del servicio de audioguías y de otro vinculado a las tiendas de este monumento, considerado el más visitado del país.
