La juez que investiga el 8M archiva la causa sobre la supuesta prevaricación del delegado del Gobierno en Madrid. Concluye que nadie informó a José Manuel Franco de que hubiera un riesgo cierto y objetivo y por tanto no es responsable penalmente. Pero, las responsabilidades políticas siguen siendo incuestionables. Porque la propia juez a la que a buen seguro que ahora no se la considerará una fascista, entiende que estos eventos suponían un riesgo para la salud pública. No ha responsabilidad penal de José Manuel Franco pero la responsabilidad política de los que plasmaron en varios informes desde el mes de enero los riesgos, es, indudable.