Con este anuncio, tanto los consistorios como las comunidades no tendrán excusa para abonar facturas por servicios prestados. El impago permanente y continuado de la administración pública ha acabado con centenares de empresas en España que cobraban tarde, mal o nunca. Y su cierre llevaba implícita la destrucción de puestos de trabajo. Sólo queda añadir, bienvenido sea.