Pero, más allá del respeto, hay la cuestión de fondo. El acatamiento de la Constitución se ha convertido en un festival de ocurrencias y de demandas políticas casi mitineras. No es ilegal, siempre que al final o al principio conste que se promete o se jura, cosa que hicieron todos, incluso los procesados. El problema es la coherencia. Yo puedo admitir que se aproveche el momento para proclamarse republicano, para reivindicar a los presos o para pedir aumento de sueldo. Pero es intelectualmente indigerible que se prometa acatar la Constitución y se haga al mismo tiempo que se promete lealtad al “mandato democrático del 1 de octubre”, es decir, al referéndum de autodeterminación, que no solo fue ilegal, sino que fue el acto más anticonstitucional que se recuerda. Eso fue lo que hizo el señor Turull y, por tanto, no es creíble su promesa. Es, como poco, una tomadura de pelo. Está en su libre derecho de ser leal a una consulta falsa, pero no a imponerla sobre la Constitución, que preside toda la legalidad. Si la presidenta del Congreso lo da por bueno, sus razones tendrá. Yo me apunto a la tesis de suprimir ese trámite de juramento. Si todo vale, no hay por qué someter al Parlamento a semejante erosión.