A partir de ahora los moldes que puede romper son menos vistosos pero de mayor enjundia. Eduardo Torres Dulce, cinéfilo de humor británico y mirada aguda, tiene en su mano la oportunidad de convertir la fiscalía general del Estado, por primera vez en nuestra historia, en una institución verdaderamente independiente. O como diría el propio Torres Dulce, “verdaderamente independiente, concretamente”. En contra de lo que mucha gente cree, el fiscal general del Estado no es (o no tiene que ser) ni un peón del gobierno ni el abogado defensor del partido que lo sustenta. Dices: pero si es el gobierno el que lo nombra. Al fiscal general del Estado lo nombra el Rey a propuesta del gobierno, pero una vez que está nombrado la ley le obliga a ejercer su tarea conforme a los principios de legalidad e imparcialidad. Es decir, con independencia.
El ministerio fiscal forma parte del poder judicial, no del Ejecutivo. El gobierno puede trasladar al fiscal general su interés en que se realice una determinada actuación, pero el fiscal general no tiene por qué compartir el criterio del gobierno, en cuyo caso está perfectamente autorizado a no hacer lo que el gobierno desea. No está, por tanto, a las órdenes del Ejecutivo, aunque ésa haya sido la costumbre, la perversa costumbre, durante los gobiernos de Zapatero, de Aznar y de Felipe González. Los gobiernos han confundido interesadamente el hecho de proponer al fiscal, y de poder solicitarle que actúe, con el mangoneo arbitrario y caprichoso de la institución: como yo te nombrado, harás en cada momento lo que yo te indique.
La han empleado para intentar enterrar investigaciones que no les convenían y para dar apariencia de veracidad a escándalos que no se sostenían pero que perjudicaban al adversario político. Torres Dulce, el fiscal actual, ha dado hasta ahora pruebas de querer ejercer como fiscal del Estado, no del gobierno. Si persevera en ese empeño, se ganará un capítulo en la la Historia, aun bastante menguada, de nuestra regeneración democrática.
Quienes la semana pasada afirmaron que la fiscalía no veía relevancia alguna en los papeles de Bárcenas y los desvinculaba de la cuentas del PP confundieron la realidad con sus deseos de que se pase página de cualquier manera. Lo que dijo la fiscalía es que no tenía evidencias de que esos papeles pertenezcan a este señor que está imputado en la Gurtel, al que se ha descubierto una cuenta secreta en Suiza y que fue gerente del PP durante veinte años. Que no tenga esas evidencias no significa que no vaya a hacer lo posible por esclarecer si existen y, en su caso, obtenerlas, es decir, por aclarar si los papeles que publicó El País han salido, o no, de la mano de Bárcenas y, en ese caso, qué significa lo que allí está anotado.
Hoy la fiscalía anticorrupción ha hecho dos cosas: citar a Bárcenas para interrogarle mañana sobre los papeles (a Bárcenas y a Jorge Trías Sagnier, la única persona que hasta ahora ha afirmado públicamente que a él le consta que la contabilidad B existía y que ha colaborado varias veces con El País) y personarse en la redacción del diariopara solicitarle al director, Javier Moreno, los papeles. Tal como ha explicado este periódico, el director entregó la documentación tras cerciorarse de que no comprometía identidad de su fuente (ojo que éste es otro debate que se nos viene encima: si en aras de probar la verdad frente a las dudas debe un medio de comunicación, o sus periodistas, contar quién les hizo llegar estos papeles).
La relevancia de esta actuación de la fiscalía anticorrupción es que va a ser ella, y por extensión su máximo responsable que es Torres Dulce, la primera institución no afectada directamente en el escándalo, que tome postura sobre la autoría y el contenido de estos famosos documentos. Hasta hoy lo que tenemos es un periódico que dice que son de Bárcenas, un Bárcenas que dijo anoche que la letra no es suya y un Partido Popular que afirma la falsedad completa de los papeles, “salvo alguna cosa”. Nos hace falta un árbitro, alguien que no tenga prejuicio ni interés previo en que los papeles sean de Bárcenas o no lo sean, que indague en el asunto con todos los recursos que le otorga la ley y que sea capaz de arrojar luz sobre este asunto. La luz suficiente como para saber qué sustancia tienen los papeles y qué cabe hacer con ellos.
Ésta será la siguiente etapa del caso, cuando la fiscalía anticorrupción determine si ve materia para poner la cuestión en manos del juez o entiende, por el contrario, que el asunto no se sostiene. Lo probable es que Bárcenas le diga mañana a la fiscalía lo mismo que anoche le dijo a Antonio Jiménez, que eso no es suyo y que está dispuesto a someterse a las pruebas caligráficas. Y lo probable es que el fiscal cite también a los responsables del diario El País para tratar de averiguar quién ha hecho, realmente, los papeles.
Esto, en lo que se refiere a la fiscalía. A su vez, el juez Ruz también toma nuevas decisiones. Y también cita a Bárcenas para el día 25 (va a tener que revisar este hombre su agenda de las semanas próximas porque se va a hinchar a prestar declaración). Ruz le cita no para hablar de los papeles sino para preguntarle por sus movimientos de dinero en Suiza. Dado que Bárcenas, para acogerse a la amnistía fiscal a través de una empresa, tuvo que pagar primero el impuesto de sociedades de esa compañía, y dado que el dinero para pagarlo procedía de una segunda cuenta en Suiza, el juez concluye que esta segunda cuenta también la controla él y desea saber más sobre el asunto. Bárcenas pasa por ser un genio de la ingeniería financiera, de la impostura contable y de la desestabilización política, pero este primer misil que disparó contra el gobierno al anunciar que se había beneficiado de la amnistía fiscal se le ha quedado en coitus interruptus. A pregunta del juez, la Agencia Tributaria ha comunicado que la amnistía no se ha producido porque la información que proporcionó el evasor era falsa (no en la cuantía de lo evadido, sino en la fecha en que obtuvo los fondos que no declaró, que no se corresponde con la fecha de creación de la empresa que aparece como propietaria).
Es decir, que Montoro ha encontrado la vía para frustrar la regularización de Bárcenas e informar al juez de que este señor ha engañado a Hacienda, lo que abre camino a que el juez le impute un delito fiscal, que es justo lo que trató de impedir Bárcenas al acogerse a la amnistía. Montoro salva, así, la cara después de que el ex tesorero se la colara. Falta saber si, aparte de a Montoro, Bárcenas ha intentado colársela a alguien más. El juez y la fiscalía tienen la palabra. Torres Dulce va a recibir presiones --elemental, querido Watson-- tanto en un sentido (el archivo de los papeles) como en el otro (la relevancia penal). Su obligación es proceder con argumentos y con datos, independientemente del desenlace que ansíen los unos y los otros.
Es martes y ésta es la hora Magno ...para levantar hoy la copa a la salud de Eliécer Ávila, un joven cubano del que hablamos los medios de comunicación españoles hace cinco años, cuando osó preguntarle al presidente del Parlamento por qué el pueblo cubano tenía prohibido pisar los hoteles de La Habana o viajar a otros países. En aquel momento Eliécer era dirigente de las juventudes comunistas de la universidad y muy castrista. Después de aquella pregunta, le destituyeron e intentaron echarle de la universidad. Así empezó a dejar de ser castrista para convertirse en disidente. Ahora, cinco años después, ha sido uno de los primeros cubanos que ha aprovechado los cambios en las normas migratorias para viajar a Suecia invitado por un grupo cubanos que residen allí. Desde allí ha contado a la BBC que el régimen está haciendo un experimento para ver cuántos ciudadanos viajan y con qué resultado. Él predice que el resultado no les gustará a Fidel y a Raúl porque ya no podrán parar la rueda de la libertad.
Ojalá acierte.
