Monólogo de Alsina: "Por muy prófugo que sea, Puigdemont está en su derecho a ser candidato a la investidura"

El gobierno de España improvisó ayer una jugada mal calculada, mal realizada y mal fundamentada —patinazo soberano— que sólo ha servido para evidenciar su impotencia ante los trucos del fantasma Puigdemont y su corte de timadores.

• Al timo no se responde con otro timo.

• Menos aún si al hacerlo estás poniendo en riesgo la unidad de las instituciones del Estado en la respuesta a la embestida.

El Consejo de Estado ha desairado al gobierno negándose a bendecir la impugnación preventiva de la investidura de Puigdemont. El revés ha indignado al gobierno. Pero el Consejo de Estado sólo se ha anticipado a lo que, en su día, dirá el Tribunal Constitucional si esa impugnación, hoy, se presenta. Y lo que dirá es que una frase revestida de barniz jurídico no es un argumento si lo que dice no se sostiene. Lo que dirá es que la "libertad deambulatoria" es un concepto exótica. Y que el fin no justifica los medios.

Repasemos las últimas 48 horas en la vida del gobierno errático.

Miércoles por la mañana. En este programa.

Le pregunté al presidente del gobierno por la pretensión de Puigdemont de ser investido sin salir de su refugio en Bruselas.

Rajoy explicó por qué el gobierno no puede recurrir una investidura en ausencia que no está convocada como tal. Hace falta que el Parlament explicite que tiene esa pretensión para que pueda presentarse el recurso.

La cosa estaba clara.

Puigdemont, por muy prófugo que sea y mucha cara que le eche a su aventura, es diputado del Parlamento catalán y está en su derecho a ser candidato a la investidura. El fraude sería investirle sin que antes se presente en la cámara, pero mientras eso no suceda, su candidatura no tiene nada ilícito. Qué le vamos a hacer, en ninguna norma pone que un imputado por rebelión no pueda ser presidente de la Generalitat, esto es lo que hay.

Veinticuatro horas después de que Rajoy lo explicara con claridad, llegó el giro argumental. La sorpresa del guión. Aparece la número dos de Rajoy y anuncia que el gobierno quiere recurrir ya al Constitucional la candidatura del fantasma. Aunque nadie haya confirmado que no vaya a estar presente y aunque, de hecho, no haya cambiado nada desde que el día anterior Rajoy dijo que no podía recurrirse.

El argumento del gobierno era insólito: pretender que Puigdemont no puede ser propuesto porque carece de libertad deambulatoria. O sea, que aunque quisiera presentarse en el Parlament, como tendría que ser detenido antes, no podría, de hecho, presentarse. Aquí el gobierno hizo una pirueta argumental impropia.

Porque si Puigdemont cruzara la frontera hoy y fuera detenido, seguiría teniendo derecho a ser propuesto como candidato. Detenido y todo, solicitaría permiso para personarse en el Parlament para hacer su discurso de investidura. Y sería el juez, no el gobierno, quien decidiera sobre su libertad. Y difícilmente el juez podría negarse a concederle ese permiso porque el candidato, guste o no guste, está en su derecho a hacer ese discurso. Aunque esté imputado. Aunque haya estado fugado. Aunque lo metan en prisión preventiva. Como ocurre con el señor Junqueras. Que tampoco tiene libertad deambulatoria y podría perfectamente ser candidato.

El Consejo de Estado, órgano consultivo, tardó un segundo en responder a la consulta del gobierno: no procede. No hay base para recurrir lo que no ha sucedido. Un segundo. Recurra usted cuando suceda, no antes.

Revés de libro para las intenciones del gobierno. Que por la mañana dijo expresamente que sólo recurriría si el informe del Consejo de Estado era positivo.

El informe fue negativo y, pese a ello, para hoy anuncia el gobierno su intención de presentar el recurso.

¿Por qué?

Porque calcula que aunque no tenga razón, el TC admitirá el recurso de manera automática y suspenderá el pleno de investidura. Lo suspenderá hasta que delibere sobre si es correcto o no impedir que Puigdemont sea candidato. El objetivo del gobierno hoy no es que el Constitucional avale su jugada, sino conseguir como sea que ese pleno no se celebre. Porque de él saldría Puigdemont investido y porque, aunque se recurriera a posteriori, no existe la seguridad de que el Constitucional lo anulara. Esas dos palabras, como sea, son un grave problema en un asunto tan delicado. Porque no puede hacerse como sea. Ha de hacerse como debe ser.

Al fraude de ley que pretenden los independentistas se responde con la aplicación de la ley. No con otro fraude.

Puigdemont es un insolvente, un oportunista y un frívolo.Pero aún no ha sido condenado. Él es un truhán y tiene una corte de jugadores a su lado. Y están demostrando que, a diferencia del gobierno, ellos sí tienen todos los escenarios estudiados y saben dejar pasar los días sin concretar sus planes precisamente para tener de manos atadas al gobierno y al Tribunal Constitucional.

• Es inaceptable que el rodillo independentista del Parlamento catalán pretenda retorcer el reglamento, forzar la norma, violentar los usos parlamentarios, para hacer presidente a un señor que vive en Bruselas.

• Pero es igualmente inaceptable que el gobierno de España pretenda retorcer la ley, forzar la norma, violentar los procedimientos, para inhabilitar a un diputado elegido conforme a la ley y que a día de hoy, qué le vamos a hacer, mantiene en plenitud su derecho a ser investido.

Si la única forma de impedir que invistan de manera fraudulenta a Puigdemont es violentando al Consejo de Estado y al Tribunal Constitucional para que avalen lo que saben que no pueden avalar, casi mejor que invistan a Puigdemont. El abuso de poder que lo cometa el rodillo del Parlament, no las instituciones del Estado.

El gobierno ofreció ayer la impresión de estar improvisando a la desesperada. Temeroso de que Puigdemont se la cuele. Y también, de estar buscando anular a Puigdemont por cualquier vía. Está dando argumentos a los independentistas para denunciar el intento de imponer desde la Moncloa quién puede y quién no puede ser investido.

La preocupación del gobierno —lo comentamos ayer— por este escenario tan incómodo que sería que Puigdemont se le colara en el Parlament, dejara en ridículo a las fuerzas de seguridad (Zoido ha comprometido su palabra a que será detectado antes) y encima fuera investido le está llevando a forzar la máquina en una materia que es terriblemente delicada. Hablamos de la voluntad de un Parlamento legítimo de hacer presidente a un ciudadano al que nadie ha privado de su derecho a serlo.

Déjenme que les recuerde otra cosa.

El 22 de octubre Mariano Rajoy anunció que pediría al Senado permiso para aplicar el 155. Expuso cuáles eran las medidas que serían solicitadas. Entre ellas estaba ésta:

Potestad para vetar cualquier decisión del Parlament que se considere contraria al interés general de la nación. Esta medida estaba pensaba para el siguiente supuesto: que destituido Puigdemont, el Parlament convocara un pleno de investidura y lo hiciera presidente de nuevo.

La medida se cayó, al final, en el Senado y no forma parte, hoy, del catálogo que fue bendecido. Rajoy optó por convocar elecciones y disolver la cámara. Y hoy, que la cámara es nueva, no tiene esa capacidad para vetar un pleno.