Estamos los de la Brújula de road show por el levante español y por esta comunidad maravillosa que es la Comunidad Valenciana. Estamos emitiendo desde un bellísimo salón del Palacio de la Generalitat valenciana, que por si no lo saben este edificio es Bien de Interés Cultural, se trata de una joya de la arquitectura renacentista del siglo XV.
Pero tranquilos que no hemos venido aquí a hablarles de arquitectura renacentista. Sólo permítannos deteneros un poco a contemplar la belleza porque la situación política es tan asfixiante, el lenguaje empleado es tan rudo, el hemiciclo se ha convertido en semejante lodazal, que uno sale de Madrid y respira.
No hay duda de que el gobierno prefiere presentarse como víctima de un golpe de estado que como el autor de una reforma que rebaja la malversación o que deroga la sedición para satisfacer a sus socios los independentistas. En esas está desde ayer con el presidente a la cabeza, en describirse como víctima de un malvado complot de la derecha política, judicial y mediática.
La presión que está imprimiendo sobre los jueces no deja de aumentar y ahora viene agravada por amenaza apenas veladas. Este tono amenazante no va a cesar hasta que el lunes el Tribunal Constitucional decida si suspende o no la tramitación de la proposición exprés en la que de forma irregular ha emboscado reformas graves de nervios muy sensibles del Estado. Del Código Penal al Poder Judicial, pasando por el órgano de garantías. El sonido del día es este del ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Adviertan que aunque parezca que se dirige al PP, en realidad no se está dirigiendo al PP, sino a los magistrados del Constitucional
Ya digo que la amenaza es apenas velada. ¿Qué significa que no sabe qué consecuencias tendrá? Se refiere a la ira popular contra los jueces. es que casi suena como si dijera «No sabemos de lo que somos capaces». Si es que ya digo que lo que de verdad asusta de todo lo que está ocurriendo es la asimilación por parte del gobierno de los usos, maneras, lenguaje y actitudes del procés. Incluidas estas advertencias al abismo democrático porque los jueces hagan su labor, que es atender a los recursos que les presente la oposición cuando denuncian que sus derechos ha sido vulnerados.
Alberto Núñez Feijóo está celebrando un acto muy cerca de aquí. Su opinión es que el pleno de ayer en lo que entre denuncias de golpe de estado se aprobaron reformas delicadísimas retorciendo todos los procedimientos, son aun más graves y preocupantes que aquellos del Parlament de las leyes de desconexión en el tiempo del procés.
Y es peor que en 2017, porque entonces a un partido como el PSOE no se le ocurría contraponer ley y soberanía, ni comparar a los jueces con Tejero o los guardias civiles del 23 F.
Si es que además los magistrados del Constitucional todavía no han decidido. El lunes se reunirán y entonces se verán si paralizan la tramitación de la ley botillo del Gobierno o no. Pero antes de saber qué harán ya se pueden señalar algunas certezas. Porque sobre la potestad de que el órgano de garantías pueda paralizar un pleno antes de que vote una ley puede haber dudas. En cualquier caso no van a entrar al contenido sino al procedimiento, pero hay dudas y han de resolverlas los magistrados. Pero hay algunas certezas.
La principal es que no se puede reformar dos leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de órganos tan sensibles como el Tribunal Constitucional y el CGPJ mediante dos enmiendas en una proposición de ley que nada tiene que ver, sin informes de los letrados, hurtándole a la oposición su derecho a un debate en condiciones… Sobre esto casi nadie duda. Son enmiendas inconstitucionales.
La otra certeza es que la democracia es un juego de contrapoderes o no es. Si todos los poderes se laminan para que el Ejecutivo tengan el camino expedito para hacer lo que le venga en gana, entonces a este régimen hay que llamarle de otra manera.
Otra certeza, si al final se aplican las medidas cautelares, eso no significa que el parlamento no pueda legislar sino que no puede hacerlo así con ese procedimiento, que no se puede transformar ámbitos sensibles del Estado de semejante formA. Porque, y esta es la última certeza, la democracia son procedimientos.
Hoy los jueces piden mesura, también aquellas asociaciones progresistas como jueces para la democracia. Edmundo Rodríguez es su portavoz
Lo cierto es que la gravedad de las acusaciones que se están vertiendo están ocultando el fondo de la cuestión. El Gobierno prefiere presentarse como víctima de un golpe de estado que como el autor de una reforma que rebaja el delito de malversación o que deroga la sedición.
Esa reforma del delito de malversación no va a afectar al proceso in curso en el Tribunal de Cuentas a los independentistas que desfalcaron el dinero público para construirse una republiqueta pero sí afectará a las penas que tendrían que cumplir o a la inhabilitación que deberían soportar.
Pero es que para eso está diseñada la rebaja del delito de malversación, precisamente para eso. Conviene distinguir entre el proceso en el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas. Durante la vista previa celebrada hoy en el Tribunal de Cuentas, la consejera encargada del enjuiciamiento ha rechazado suspender el proceso tal y como solicitaron las defensas, ente ellas la de los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
Por la vía penal se juzga un delito de malversación mientras que en el Tribunal de Cuentas lo que se busca es determinar si se ha utilizado unos fondos de manera indebida. La condena para ello es la restitución económica, es decir, la devolución del dinero erróneamente empleado.
Porque otra cuestión de la que nadie duda es de que el dinero de todos los catalanes. Ese que debería estar destinado a los servicios sociales, la sanidad, la educación de sus hijos… bueno, el dinero público, fue desviado hacia un carísimo proceso de contrucción de una nación independiente que encima empieza por extranjerizar de forma masiva a la mitad de la población. Esto que Pedro Sánchez considera que es poco grave, o menos grave que robar el dinero y meterlo debajo del colchón, y en consecuencia cambia el Código Penal para que salga más barato.
